SANTANDER, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria ha propuesto la puesta en marcha de un 'Plan de Choque', con 13 propuestas para el sector inmobiliario, que, en opinión del presidente de la asociación, Fidel González Cuevas, debe tener "la consideración y puesta en práctica, con carácter urgente, por parte del Gobierno de Cantabria". Según el presidente de los constructores, a lo largo de 2007 la evolución de la oferta fue de 650.000 viviendas terminadas en el territorio nacional y es a partir del segundo trimestre cuando se inició un descenso en la fabricación de viviendas que ha ido incrementándose hasta la actualidad. González Cuevas adelantó que la demanda de viviendas ha descendido por encima del 60% y afecta tanto a la vivienda principal como a la de segunda residencia, por lo que en su opinión, "esta situación creciente y negativa, hace pronosticar que el ajuste en la actividad, entre fabricación y venta, puede inferir un diagnóstico adverso en los próximos dos años", advirtió. Para el presidente de los constructores, si el Gobierno no toma medidas de inmediato, un "ajuste brusco" en el sector inmobiliario provocaría "un incremento lamentable en el paro por la pérdida de empleo" y en este descenso, asegura, también se vería afectada la recaudación de las administraciones públicas, así como en el consumo privado, "provocando una importante crisis en el conjunto de la economía", señaló. Por ello, González Cuevas, asegura que para que la actividad se sitúe en unos "niveles razonables" es necesaria una política que fomente la salida de las existencias acumuladas y a la vez que se fomente la actividad en subsectores con potencial de desarrollo como la rehabilitación, la vivienda en alquiler y la vivienda protegida. MEDIDAS NECESARIAS CON CARÁCTER URGENTE. El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria adelantó que para evitar el incremento del paro en el sector es necesaria la actualización de las cantidades desgravables, así como el aumento de los porcentajes para compradores de vivienda habitual.
Igualmente, otra medida sería la de hacer extensible la desgravación, durante un tiempo determinado, a la compra de segunda vivienda, y volver a los parámetros vigentes en años anteriores (15%-10%), así como la disminución de la retención en IRPF a los que tengan un préstamo hipotecario En este sentido, otra de las medidas sería la de establecer, a través del Plan de Vivienda y de las comunidades autónomas, que las viviendas finalizadas se puedan vender como viviendas protegidas de primera transmisión. González Cuevas explica que "sería una categoría intermedia entre la vivienda libre y la vivienda protegida tradicional, con ayudas a los compradores que reúnan los requisitos económicos que establece el Plan de Vivienda".
Para Fidel González Cuevas estas viviendas deberían estar gravadas con un 4% de IVA y con un plazo de duración del régimen de protección inferior al de las viviendas de precio concertado.
Asimismo, apuntó que habría que establecer la garantía para compradores de viviendas existentes que no superen 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de no pagar durante un tiempo un tipo de interés superior al que se convenga entre el Estado y las entidades financieras. Otra de las medidas sería que todas las viviendas libres que se pongan en alquiler puedan acogerse a la ayuda de 6.000 euros que establece el Plan de Vivienda, así como el facilitar a las familias que constituyan un préstamo hipotecario, con ingresos medios y bajos, el poder suscribir un seguro por desempleo.
Con relación al fomento de la actividad y el empleo en el sector, la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria propone el fomento de la construcción de viviendas protegidas poniendo a disposición suelos públicos, a precios compatibles y un tratamiento fiscal favorable para aquellas empresas que realicen viviendas de protección.
Asimismo, González Cuevas recuerda que la Ley de Cantabria que modificó la Ley de Suelo de 2001, permite la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, mediante Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR).
Por último, propuso el fomento de viviendas en alquiler, a través del incremento de la seguridad jurídica y medidas de estímulo fiscal (a concretar), así como la rehabilitación, a través de un tratamiento fiscal adecuado, y la simplificación de los trámites administrativos y de las ordenanzas municipales y sacar a licitación las obras públicas del presente ejercicio "y, si es posible, anticipar proyectos de años próximos para cumplir esta perspectiva", concluyó.