Se pretende asegurar el patrimonio de los afectados y lograr un marco de seguridad jurídica
SANTANDER, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
El borrador elaborado por el Gobierno de Cantabria para dar una salida a las viviendas con sentencia de derribo en la región no ha "gustado mucho" ni a los propietarios ni a los ayuntamientos afectados, que han sido "bastante críticos" con la propuesta del Ejecutivo.
Por ello, en la Comisión de Seguimiento del Plan de Actuaciones sobre sentencias de demolición se ha decidido crear un grupo de expertos formado por representantes jurídicos de las administraciones locales y autonómica y de los propios afectados para buscar una solución en el plazo "más breve posible". De hecho, se prevé que este grupo se reúna en 15 días, a mediados de mayo.
Así lo manifestaron hoy, al término de la reunión de la Comisión, el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, los alcaldes de municipios con sentencias de derribo y los afectados por las demoliciones.
El vicepresidente de AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración que engloba a los afectados por derribos, Francisco Laín, precisó que el objetivo de este grupo de trabajo es conseguir acuerdos que, por un lado, aseguren el patrimonio de los afectados, y, por otro, permitan trabajar en un marco de seguridad jurídica.
Tras indicar que existe "voluntad política" para solucionar el problema y que en la Consejería están "volcados" para hallar una salida, Mazón reconoció que no obstante que es "muy difícil" lograr "un mundo ideal" en el que se "solucionen los problemas y se mantiene la legalidad", según dijo.
En este sentido, añadió que no sólo basta con manifestar las "intenciones", sino que hay que llegar a "soluciones concretas" a través de textos "jurídicamente impecables".
El consejero también admitió que "el tiempo va pasando" y "la solución no llega", sino que "las cosas van despacio". Lo achacó a que es un tema "muy complicado", como también lo es, según dijo, "hablar de plazos", ya que el asunto de los derribos "depende de muchas personas".
En este sentido, y tras confesar que le hubiera "gustado continuar" con el documento iniciado por el Gobierno, advirtió de que crear nuevos grupos con nuevos componentes "alarga" el proceso. En cualquier caso, confió en que "en quince días" consigan entre "todos" tener "elaborado algo nuevo".
"EL PROCESO SE VA DILATANDO EN EL TIEMPO"
Por su parte, el vicepresidente de AMA hizo hincapié en que se llegue a un acuerdo que permita asegurar el valor patrimonial de las viviendas con sentencia antes de que se produzca el derribo, de forma que los afectados estén "tranquilos".
Pero, en la actualidad, no tienen "nada", salvo una "auténtica inseguridad", ya que no existe garantía alguna de que no les vayan a derribar sus casas.
Tampoco tienen garantías de que lo que se trate en las comisiones llegue "a buen efecto", puesto que de momento sólo hay "buenas intenciones", mientras el proceso para buscar soluciones "se va dilatando en el tiempo".
Por ello, desde AMA reclaman un "pronunciamiento" y una "apuesta clara" del Gobierno en este asunto, algo que hasta ahora "no se ha producido".
"Nosotros necesitamos ya una manifestación pública, clara del Gobierno de Cantabria -y si es de su presidente (Miguel Ángel Revilla) mejor- que diga que apuesta claramente por la seguridad jurídica en Cantabria", sentenció Laín, quien avisó de que no van a descansar hasta tener la "garantía" de que no van ser desalojados de sus viviendas sin haber sido recompensados previamente por el valor de las mismas.
En cualquier caso, el portavoz de los afectados recordó que el Ejecutivo no es el único responsable en este asunto, sino que los ayuntamientos tienen "gran parte del culpa".
ALCALDES
A al reunión también asistieron los alcaldes de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco (PP); de Miengo, Avelino Cuartas (PP); de Escalante, Pedro José Jado (PRC); de Arnuero, José Manuel Igual (PP), Argoños, Juan José Barruetabeña (PP); y el de Ribamontán al Mar, Francisco Asón, que acudió en representación de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC).
También asistieron dirigentes políticos, como el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, Francisco Rodríguez, y Pablo Zuloaga, secretario de Vivienda del PSOE, entre otros.
Tras lamentar que el borrador presentado por el Gobierno "no valía", el diputado 'popular' confió en que con el grupo de expertos creado se alcancen "soluciones viables" con las que se garantice el patrimonio de los afectados y que cuenten con el consenso de "todos".
Abogó así por que los asesores legales actúen "rápido" ya que la búsqueda de una solución "no se puede dilatar en el tiempo como se ha dilatado". "¡A ver si por fin el Gobierno se pone manos a la obra!", comentó.
Por último, los alcaldes de Arnuero y Argoños confiaron en que en el marco de este nuevo grupo se alcancen acuerdos que permitan compensar a los afectados y se puedan legalizar algunas viviendas y "tirar" las que sean ilegales.
