Agudo analiza la financiación autonómica con los consejeros de Economía de Aragón, Castilla y León, Asturias, Galicia y Extremadura
SANTANDER, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, Ángel Agudo, ha asegurado hoy en Avilés que la prestación de los servicios de la sanidad pública suponen para la región unos costes fijos de más de 202 millones de euros y unos costes variables de 1.000 euros por habitante protegido, según el análisis de regresión realizado por la Consejería con datos de 2005.
Además, el titular de Economía del Ejecutivo cántabro ha afirmado que la Comunidad Autónoma soporta en materia de educación unos costes fijos que ascienden a 153 millones de euros y unos costes variables de 3.100 euros por alumno.
Para Cantabria, según Agudo, los 202 millones de costes fijos representan el 30 por ciento del coste total de la sanidad y explica, en gran parte, el que haya diferencias en la financiación por habitante entre las comunidades autónomas, "incluso antes de que fueran trasferidas las competencias en esos servicios".
El consejero ha presentado estos datos durante el encuentro que se ha celebrado hoy en Asturias, en el que han participado, además, los consejeros de Economía del Principado, de Castilla y León, Galicia, Aragón y Extremadura, con el objetivo de analizar el futuro del sistema de financiación autonómica, en un momento en el que se está negociando con el Estado su reforma.
Durante su intervención, Agudo ha reiterado que el documento presentado por el Vicepresidente primero y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, es "un punto de partida positivo para la reforma" y ha destacado que "va a haber más recursos para todas las Comunidades Autónomas, principio que todos compartimos".
No obstante, ha defendido que es necesario incluir en los criterios de reparto de los recursos más variables que la población y ha afirmado "con toda claridad, que no estamos de acuerdo con que el objeto del nuevo modelo de financiación sea llegar a una financiación per capita igual en todas las comunidades autónomas".
En este sentido, ha destacado la necesidad de tener en cuenta los costes por la prestación de los servicios públicos fundamentales para el ciudadano, que en Cantabria son especialmente elevados teniendo en cuenta el tamaño de la comunidad, su escasa población y la ausencia, con ello, de economías de escala. El consejero también ha precisado que en la determinación de esos costes, en el caso de Cantabria, influyen factores como la densidad, la dispersión y la orografía.
Por otra parte, el consejero ha defendido que, con independencia de las reuniones bilaterales que el Estado está manteniendo con las diferentes comunidades autónomas para concretar la reforma del modelo, "éste debe sustanciarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de manera multilateral".
MÁS AUTOGOBIERNO
El incremento de la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, asociados al aumento de la cesión de la recaudación de los tributos cedidos y la mayor capacidad normativa sobre ellos, ha sido calificada por el consejero como "muy positiva", ya que era uno de los aspectos que defendía la propuesta cántabra desde el comienzo de las negociaciones.
"El tener más autonomía y más corresponsabilidad nos otorga más autogobierno y nadie, salvo los que no crean en el estado de las autonomías, puede estar en contra de ello".
Además, el consejero ha afirmado que "tener más capacidad normativa no quiere decir ni subir ni bajar la presión fiscal". En este punto, ha asegurado que el Gobierno de Cantabria quiere que el nuevo modelo de financiación "dé los mecanismos y medios adecuados para llevar a cabo una redistribución de la carga tributaria más justa, más eficiente y que contribuya a financiar adecuadamente los servicios públicos que tenemos que prestar a los ciudadanos, sin perjudicar a la clase media que es quien, en gran medida, financia los servicios esenciales para la Comunidad Autónoma".
