Advierte que sin derecho a la defensa "no hay democracia posible" y denuncia que se abusa de las intervenciones telefónicas
SANTANDER, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha considerado hoy de "extrema gravedad" y una "quiebra del Estado de Derecho" la grabación de las conversaciones que mantuvieron en prisión el presunto cerebro de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, y su actual abogado, y ha señalado que, en general, en España "se está abusando" de este medio de prueba.
Carnicer se ratificó en Santander, a preguntas de la prensa, en la valoración hecha hace unos días por el órgano que preside, a través de un comunicado, en relación con este asunto, y reiteró que lo procedente es la "anulación" de esas conversaciones entre Correa y su abogado, José Antonio Choclán, como prueba, pese a que ya se ha producido un "daño irreparable".
Fue en la primera fase de instrucción del caso, que realizó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, cuando se autorizó la grabación de estas conversaciones. Según Carnicer, "lo que procede es anular esa diligencia" y "todas las consecuencias derivadas de ella", y eso, según dijo, "es responsabilidad de quien ha adoptado esa medida".
Al hilo de ello, Carnicer subrayó que "necesitamos ya" una Ley Orgánica de la Defensa, que es un "derecho fundamental" que no tiene una ley específica. Además, opinó que la ciudadanía "debe reclamar" el "saber cuántas intervenciones judiciales telefónicas" hay decretadas en procedimientos judiciales españoles, ya que a su juicio "se está abusando de este medio de prueba", cuando existen otros para "descubrir la verdad".
Carnicer recalcó que la institución de la defensa es una "herramienta indispensable" para el Estado de Derecho y sin el derecho a la defensa "no hay democracia posible". Así, señaló que "de nada sirve hacer leyes para conceder derechos a las personas, si luego "no se les provee" de instrumentos para defenderlos.
Destacó que en los países desarrollados, la comunicación entre abogado e imputado es "completamente secreta", y así "lo amparan" muchos derechos fundamentales, como el de defensa o confidencialidad.
Pero, además, si se desvela este secreto "se destruyen completamente" derechos constitucionales, como a no autoinculparse, declarar contra sí mismo o la presunción de inocencia, y se "coloca a la ciudadanía en una manifiesta indefensión frente al Estado", que en un proceso de este tipo tiene "todos los medios" para conseguir "esa verdad", sin alterar el derecho a la intimidad personal.
En este sentido, señaló que "todos tenemos derecho" a mantener en la intimidad cuestiones que "no queremos desvelar a nadie", y poniendo una grabadora en la mesa de un abogado, "aunque sea en la cárcel", se están conculcando "cantidad" de derechos, reiteró.
PETICIÓN DE RESPONSABILIDADES
Carnicer destacó que el Consejo General de la Abogacía ya se pronunció en su día de forma "clara, inequívoca e instantáneamente" sobre este asunto, aunque si hay "otras medidas que adoptar" se abordarán en la reunión que la comisión mantendrá el próximo mes de noviembre.
"La catástrofe ya se ha producido", recalcó, pero "hay tiempo suficiente para reflexionar sobre la situación y ver lo que hacen los actores principales", dijo.
Precisó que aunque "no hay ninguna decisión tomada" por parte del Consejo de la Abogacía, si hay responsabilidades, éste "las pedirá". "No vamos a pedir la dimisión de nadie", matizo, pero "sí responsabilidades".
Según Carnicer, se trata de un problema de "extrema gravedad" que da pie a que la ciudadanía "se pronuncie" sobre "qué tipo de justicia quiere". "Si vale todo, tendremos una justicia arcaica" en la que se "puede violar el secreto profesional", después de que se haya llegado a un sistema de garantías "ejemplar" como es el actual, tras un proceso "largo y dificultoso" que ha acabado con "muchos nepotismos".
"Si este sistema de garantías se empieza a resquebrajar", nuestra democracia "pierde calidad", subrayó.
A su juicio, "lo de menos" es "qué juez ha cometido estos hechos", ya que la Abogacía hubiera reaccionado "exactamente igual" en cualquier caso.
Precisó por último que la ley autoriza intervenir este tipo de comunicaciones con presuntos terroristas, pero "hasta ahora no he visto que en este proceso aparezca ningún acto de terrorismo", recalcó.
