El colaborador de 'Pepe el del Popular' asegura que nunca se le llegó a imputar en el caso

SANTANDER, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La defensa de Jesús Arturo Devesa Pardo, que fuera colaborador de 'Pepe el del Popular', sostuvo hoy ante la Audiencia Provincial de Cantabria, que su cliente nunca fue imputado por la venta en 1988 de las participaciones del Sanatorio Madrazo, motivo por el que ha planteado la nulidad de las actuaciones judiciales seguidas contra él por un delito de apropiación indebida que, por otra parte, considera ya prescrito.

En cambio, el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares arguyen que sí que declaró como imputado en 1992 y que la actuación de la Justicia nunca llegó a estar paralizada, por lo que el delito no habría prescrito y sí puede ser juzgado. El Banco Popular admite que la declaración que el acusado efectuó en 1992 se hizo sobre un formulario de testigo en lugar del de imputado.

Devesa compareció en el juicio convocado para hoy en la sección primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, si bien finalmente no llegó a declarar porque su representante legal planteó como cuestiones previas la prescripción del delito y la nulidad de las actuaciones, algo sobre lo que tendrá que decidir el tribunal.

Además, la defensa recalcó que, contra lo que dice el Banco Popular, sí se abonó un talón por el importe de las acciones del antiguo hospital al vendedor, el ex alcalde y médico Manuel Huerta.

La acusación que ejerce la entidad bancaria asegura por contra que ni la empresa Tradenprex, para la que trabajaba Devesa y que se encargaba de gestiones del citado centro de salud, ni el propio empleado pagaron el precio, a pesar de que la firma finalmente sí que se quedó con las acciones.

Tras escuchar estos argumentos, el magistrado de la Sección Primera y presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria, José Luis López del Moral, ha decidido que la Sala se pronunciará sobre estos extremos en un auto con el que se determinará, por tanto, si se celebra juicio contra Devesa Pardo.

La suspensión de las acciones y la prescripción del delito fueron cuestiones previas que planteó la defensa en el juicio contra este colaborador de José Pérez Díaz, más conocido como 'Pepe el del Popular'. Devesa, que reside en Estados Unidos, compareció en el juicio pero no llegó a declarar porque primero hay que aclarar si su delito ha prescrito y, por tanto, si incluso se celebra una vista.

Devesa Pardo trabajaba para la empresa Tradenprex, propiedad de Eduardo Álvarez, quien hasta la fecha es el único condenado por el desfalco achacado al que fuera director de la sucursal número 1 del Banco Popular, José Pérez, acusado de provocar un agujero cifrado en torno a los 28 millones de euros por la creación de una 'banca paralela' que concedía créditos en condiciones más ventajosas.

El juicio contra 'Pepe el del Popular' se celebró en 2004 sin la asistencia del principal acusado, que se encontraba huido, en México, y cuyos delitos han sido declarados prescritos. En esa vista tampoco compareció Devesa, acusado igualmente, y que se declaró en rebeldía.

Entonces se le achacaba un delito de apropiación indebida para el que el Ministerio Fiscal pide cuatro años de prisión, que son cuatro años y dos meses en el caso de la acusación particular ejercida por el Banco Popular.

LOS HECHOS

En concreto, según relata el Ministerio Fiscal, Devesa fue el responsable de la negociación de la venta de 1.633 acciones del sanatorio que eran propiedad del ex alcalde Manuel Huerta. Esta gestión le fue encargada por Eduardo Álvarez, propietario de Tradenpex, empresa vinculada al sanatorio.

Sin embargo, Huerta no sabía a quien le estaba vendiendo las acciones hasta que se formalizó la operación ante notario. El comprador era la propia Trandenpex, con Devesa como apoderado.

El precio de las acciones se fijó en 18 millones de pesetas reflejados en un cheque a nombre de la empresa, como decía la escritura.

En cambio, lo que sucedió fue que se libró un cheque a una cuenta de Devesa por importe de ocho millones de euros, que Manuel Huerta entregó a 'Pepe el del Popular', quien a su vez lo ingresó en la cuenta del ex alcalde, completando la cantidad mediante ingresos en efectivo procedentes de ingresos defraudados a otros clientes del banco.

Por tanto, el Banco asevera en su escrito de acusación que "el cheque con el que Devesa Pardo pagó las acciones de Manuel Huerta pertenece a una cuenta corriente personal del comprador, en la que no se adeudó el cheque. Así pues, ni Trandeprex ni Jesús Devesa pagaron el precio, pero Trandenpex se quedó con las acciones".

El cheque de 18 millones no fue ingresado en la cuenta del vendedor de las acciones, que recibió a cambio el cheque de ocho millones y los otros ingresos defraudados a clientes del Banco Popular.

¿PRESCRIPCIÓN?

Aunque la defensa de Devesa sostiene que el dinero de las acciones sí fue abonado al vendedor de las mismas, Manuel Huerta, en realidad la Audiencia no ha llegado hoy a enjuiciar estos hechos al plantearse la posibilidad de que hayan prescrito.

En primer lugar, la defensa de Devesa pidió la nulidad de la declaración que el acusado efectuó en 1992, alegando que se le citó a declarar, pero que nunca se le llegó a informar de su condición de imputado.

En cambio, el Ministerio Fiscal y la acusación particular ejercida por el Banco Popular recordó que Devesa compareció acompañado de un abogado, lo que garantizó su derecho a la protección, si bien admitió que la declaración se efectuó en el impreso que les corresponde a los testigos en lugar de a los imputados. No obstante, matizó que las partes formales correspondientes al testigo no fueron rellenadas.

La defensa también planteó cuestiones técnicas jurídicas sobre la prescripción del delito, presuntamente cometido en 1988.

El juicio no se celebró hasta 2004, y entonces el acusado se declaró en rebeldía y no compareció, aunque su representante enfatizó que vive en Estados Unidos, con su nombre real y que vota habitualmente, por lo que está perfectamente identificado y localizado.

Ministerio Fiscal y acusación particular sostienen que la actuación de la Justicia nunca llegó a estar paralizada, por lo que en realidad no procede la prescripción del delito.