La Comisión Europea "legitima" la oferta de suelo industrial de Cantabria

Diego y Arasti
EUROPA PRESS
Actualizado: miércoles, 1 julio 2015 21:45

Diego da las "gracias" a la Diputación de Vizcaya por la "publicidad gratuita que nos ha hecho" con su denuncia

SANTANDER, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha "avalado y legitimado" el plan de comercialización de suelo industrial del Gobierno de Cantabria. En un informe de evaluación emitido a raíz de la denuncia presentada por la Diputación Foral de Vizcaya, la Dirección General de la Competencia concluye que la oferta de suelo industrial, polémica por los cinco primeros años sin coste para el empresario, "encaja perfectamente en la normativa comunitaria y no constituye ayuda de Estado".

Así lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, quien ha afirmado que el pronunciamiento de la Comisión, contra el que cabe recurso en el plazo de un mes, "zanja las dudas que quisieron generar las instituciones vascas" y "refuerza" la política del Gobierno cántabro para comercializar suelo industrial y con ello generar riqueza y empleo, convirtiéndola en una medida "aún más importante y de mayor envergadura a nivel nacional y europeo".

Diego ha dado las "gracias" a la Diputación Foral de Vizcaya por la "publicidad gratuita" que ha supuesto su denuncia, "tanto a nivel nacional como internacional", y ha hecho un "llamamiento a los empresarios vascos, especialmente a los vizcaínos, para que vengan a conocer las oportunidades que Cantabria les ofrece" en este ámbito, ahora además con "la certeza de la plena seguridad jurídica".

Invitación que el presidente regional ha hecho extensiva a todos los sectores empresariales del país, a la vez que ha anunciado la puesta en marcha de una campaña fuera de la comunidad autónoma para intentar atraer nuevas empresas a Cantabria, "una tierra amable al empresariado y que puede ser para ellos un paraíso empresarial", ha dicho.

Diego ha dado a conocer esta "buena noticia para Cantabria" en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el consejero de Industria, Eduardo Arasti, al que ha felicitado por su gestión. Según los datos aportados por el consejero, el Gobierno regional ha comercializado hasta la fecha 105.000 metros cuadrados de suelo industrial, a través de acuerdos con 34 empresas que realizarán una inversión de 50 millones de euros.

"Prácticamente un tercio" de estas 34 empresas se han acogido a la fórmula denunciada por la Diputación de Vizcaya ante la Comisión Europea, que consiste en la constitución de un derecho de superficie durante 50 años, con un canon anual del cinco por ciento del precio del solar a partir del sexto año, lo que supone que los cinco primeros años el suelo es "gratis".

CONDICIONES

Para acogerse a esta oferta, que incluye además una opción de compra bonificada durante los 15 primeros años y "condiciones favorables" de financiación, las empresas tienen que cumplir "unos mínimos" en términos de permanencia y creación de empleo. Según Arasti, la medida es "muy restrictiva" porque exige "unos ratios de empleo elevados respecto a la parcela a adquirir".

Diego ha explicado que en su denuncia, la Diputación de Vizcaya cuestionaba "todos los elementos" de la medida, desde los cinco años de cadencia hasta el precio del suelo y las condiciones de financiación, pero la Comisión Europea "desmonta uno a uno todos sus argumentos", y concluye que es "perfectamente compatible con la legislación europea en materia de ayudas".

El presidente regional ha opinado que la reacción de las instituciones vascas "no ha podido ser más incongruente y dispar", porque mientras la Diputación de Vizcaya "cuestiona la legalidad" del plan de comercialización de suelo industrial de Cantabria y presenta una denuncia ante la Comisión Europea, la Diputación Foral de Alava, "copia la medida y prepara una oferta con idénticos planteamientos".

"Esta incoherencia es fruto de haber tomado decisiones de forma precipitada y sin fundamento", ha dicho Diego, tras insistir en que la intención de "algunas personas" era "crear incertidumbres y dudas" sobre el fundamento jurídico de una medida que ha calificado de "trascendental e innovadora a nivel nacional y europeo".

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