Le impone la pena mínima por una falta de coacciones frente a la condena por delito de coacciones que pedía la Fiscalía
SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal nº 4 de Santander ha condenado a la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, a una multa de 100 euros como autora de una falta de coacciones, por arrojar clavos en la entrada de Mercasantander en la madrugada de la jornada de huelga general del 29 de marzo de 2012.
Frente a la petición de la Fiscalía, que considera que la conducta de Cedrún reviste la "gravedad suficiente" para ser constitutiva de un delito de coacciones, la jueza Florencia Alamillos condena a la líder de UGT por una falta y le impone la pena mínima que permite este precepto -10 días con cuota diaria de 10 euros-, "cantidad que se considera apropiada".
"La intensidad de la conducta, tan solo arrojar esos clavos, sin que se haya producido daño alguno, ni ninguna otra conducta coadyuvante como insultos o amenazas, no es tan grave que nos lleve a considerar los hechos como delito", señala la sentencia, recogida por Europa Press.
No obstante, el fallo precisa que arrojar clavos "ante un vehículo que pretende la entrada a un centro de trabajo supone "una intimidación manifiesta sobre la libertad de quien lo conduce y de sus ocupantes para ejercer su derecho al trabajo". Y en este sentido, añade que "la mera restricción de la libertad de obrar supone, de hecho, una violencia y por tanto, una coacción".
Por otro lado, señala que aunque Cedrún ha negado la autoría, "hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia que, en principio, la ampara".
Esta prueba viene dada, según recoge la sentencia, por la "contundente declaración" de los agentes de la Policía Nacional que observaron la acción, tres de los cuales declararon en el juicio "sin ningún género de dudas que la vieron hacer el gesto de arrojar algo delante del vehículo que había parado el piquete para informar sobre la huelga".
Por lo que se refiere a los testigos de la defensa, señala que están ligados a Cedrún "por lazos no sólo correligionarios, y familiares alguno, sino también de amistad, circunstancias que empañan sus testimonios de parcialidad".
El tribunal considera que las alegaciones del abogado de Cedrún en el sentido de "insinuar una falsa denuncia de la Delegación del Gobierno a través de las declaraciones de los agentes", deben entenderse "en el marco de la defensa".
La magistrada afirma que los policías que declararon en el juicio han sido testigos directos porque "vieron la acción"; imparciales, porque "ninguna vinculación tienen a favor ni en contra de la acusada"; y su relato está exento de contradicciones, por lo que al tratarse además de funcionarios públicos que se hallaban desarrollando las funciones propias de su cargo, "deberán merecer a priori la credibilidad del tribunal a menos que se acredite, cuando menos indiciariamente, que concurren móviles espureos en la citada incriminación, de los que pudiera inferirse intención de perjudicar al acusado, lo cual no es el caso".
En declaraciones a Europa Press, Cedrún ha vuelto a defender su inocencia, pero ha anunciado que no va a recurrir la sentencia porque, viendo los argumentos de la jueza, no ve posibilidades de que prospere al no existir más pruebas que los testigos y teniendo como tienen los policías "presunción de veracidad". Y ello pese a que "declararon una cosa ante el juez instructor y otra en el juicio", ha denunciado.
En todo caso, la secretaria general de UGT cree que si recurre la sentencia, "lo único" que conseguiría es que este asunto siga generando "titulares" que hacen daño al sindicato, por lo que "no me voy a molestar", ha dicho. En la misma línea, ha añadido que "no pensaba pagar (la multa), porque me fastidia pagar por una mentira", pero "lo pagaré y punto".
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