El 92% del contrato-programa de la UC, para pagar a la plantilla

SANTANDER, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El contrato-programa entre la Universidad de Cantabria (UC) y el Gobierno regional para este año 2016 ascenderá a 68,9 millones de euros, una cuantía de la que el 92,3 por ciento (63,6 millones) corresponde al programa de suficiencia financiera que se destina a pagar a la plantilla de la institución académica y que asciende a unos 1.800 trabajadores entre funcionarios y personal laboral.

El rector en funciones de la UC, José Carlos Gómez Sal, y la vicepresidenta regional y consejera de Investigación y Universidades, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, han firmado este martes este contrato programa en presencia del rector electo, Ángel Pazos.

Díaz Tezanos ha explicado que la cuantía del contrato-programa ya estaba prevista en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para este año, aunque en el documento rubricado se contempla la "posibilidad de ampliaciones del crédito" que el Ejecutivo transfiere a la UC.

Y es que, ha ensalzado, el objetivo es que el plan de financiación del contrato-programa es garantizar que la Universidad "cuente con los recursos necesarios para su funcionamiento básico de calidad, tanto en el ámbito de la docencia como en el de la investigación".

El contrato-programa firmado este martes sólo es para 2016 ya que el Gobierno y la Universidad de Cantabria están trabajando en un plan de financiación plurianual que se extienda desde 2017 a 2020, pero cuya elaboración se abordará con el nuevo equipo rectoral encabezado por Pazos.

"La UC y el Gobierno están inmersos en su elaboración pero el rector Gómez Sal consideró con acierto, y el Gobierno estuvo de acuerdo, en que el contrato-programa plurianual se negociase ya con el nuevo equipo rectoral", ha explicado la vicepresidenta regional, que ha indicado que, una vez que Pazos tome posesión la próxima semana, se intensificarán los trabajos de la comisión formada para ello.

PROGRAMAS

El nuevo contrato-programa para este 2016 se articula en siete programas. El primero de ellos es de suficiencia financiera, que cuenta con una partida de 63,6 millones de euros para que la UC afronte los gastos del personal de su plantilla, que asciende a unos 1.800 trabajadores entre funcionarios y personal laboral.

En este punto, Gómez Sal ha indicado que, además de esa plantilla fija cuyos sueldos están fijados por el Estado, la UC cuenta con otros 400-450 trabajadores, unos puestos que se crean con "los dineros que la Universidad consigue por su cuenta" para programas de investigación.

Otro de los programas del contrato es el correspondiente a los complementos retributivos autonómicos para personal docente e investigador, que asciende este año a 3,6 millones de euros (1% más que en 2015).

Asimismo, se incluye un programa de becas de ayuda, cuya dotación es de 400.000 euros, de los que la mitad están destinados a ayudas de matrícula y la otra mitad a becas de transporte, estancias en empresas o en otras universidades.

Al respecto, Díaz Tezanos ha destacado que el Gobierno es "consciente de las dificultades de muchas familias para frontar estos gastos y más desde que el Gobierno de España endureciese los requisitos para el acceso a las becas que concede el Ministerio de Educación".

Ha explicado que estas becas son gestionadas por la propia Universidad a través del Consejo Social y con ellas se pretende que "ningún estudiante tenga que renunciar a su formación en la UC por motivos socio-económicos". En este punto, ha indicado que este curso se han concedido 102 becas de matricula por importe de 71.000 euros y 26 de las restantes, por 43.000 euros.

En el contrato-programa de este año, también se contempla una partida de 114.000 euros para programas de refuerzo educativo; otra de más de 330.000 euros para el apoyo a estudiantes con discapacidad, de familias numerosas o pertenecientes a las becas MEC; y otra de 505.000 euros para el apoyo a la investigación.

Díaz Tezanos ha ensalzado que este contrato-programa recupera una partida para la renovación de equipamientos docentes, que asciende a 210.000 euros y que ha calificado de "un modesto impulso".

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