Si hay exceso deberá ser ingresado en las arcas de la comunidad autónoma
SANTANDER, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El contrato de colaboración público-privada del Gobierno de Cantabria para acabar las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) limita al 12 por ciento el beneficio anual que puede obtener la adjudicataria, un "tope" que obligará a ingresar el exceso, si lo hay, en las arcas de la comunidad autónoma.
Así lo ha dado a conocer este lunes en el Pleno la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, quien ha apuntado que las condiciones incluidas en el pliego del concurso son "bastante más gravosas" para la empresa y "más garantistas" para la Administración.
Además, ha señalado que en el contrato se incluyen mecanismos de control de la actividad de la adjudicataria y 195 medidores del nivel de desempeño, incluyéndose la posibilidad de aplicar "deducciones" mensuales por incumplimientos.
Entre las condiciones recogidas en el pliego del concurso, también se recoge la imposibilidad de revisar sus precios hasta el quinto año y no permite modificar el contrato salvo en "casi de ruptura tecnológica" y "nunca antes" de los diez primeros años.
A preguntas de la socialista y exvicepresidenta regional, Dolores Gorostiaga, la consejera también se ha referido al incremento del presupuesto máximo de licitación de los 660 fijados en el documento descriptivo previo (33 millones anuales) a 760 millones sin IVA (38 anuales) y ha explicado que es "consecuencia de la mejora lógica" tras el proceso de diálogo competitivo llevado a cabo.
RETIRADA DEL CONTRATO DE VALDECILLA
En la exposición de sus preguntas a la consejera, Gorostiaga ha asegurado que el contrato de colaboración público-privado para Valdecilla "deja bastante que desear" y está "al margen" de los compromisos electorales del PP y ha pedido al Ejecutivo regional que retire esta fórmula "si es verdad" que el Gobierno de España va a pagar íntegramente las obras.
A su juicio, ahora, una vez garantizada la financiación por parte del Estado e incluidos en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014 un total de 28 millones para Valdecilla, "no hay ninguna disculpa" para mantener esta fórmula salvo que el Ejecutivo regional quiera implantar el "modelo" del PP de la privatización. "Ya no es la única fórmula", ha señalado la socialista.
En respuesta a Gorostiaga, Sáenz de Buruaga ha asegurado que este lunes, con la publicación de las partidas para Cantabria en los PGE, ha sido un día "negro" para la oposición, algo que ha negado Gorostiaga asegurando que "no tiene tan mala baba" como el actual Gobierno.
Sáenz de Buruaga ha firmado que el PSOE se ha declarado "enemigo a ultranza" de esta fórmula porque ha entendido "mejor que nadie" que es la "única solución" para acabar las obras en la presenta legislatura, algo que, según la consejera, los socialistas no desean.
Por ello, ha opinado que, desde el PSOE, se intenta "avocar como sea" al Gobierno regional para que retire esta fórmula y la cambie.
Sáenz de Buruaga ha asegurado que "no le cabe la menor duda" de que el PSOE hubiera preferido que ningún grupo empresarial participase en el procedimiento de diálogo competitivo, algo que no ha ocurrido pues lo han hecho OHL-Giroa; Ferrovial-Siec; San José-Elecnor-Ortiz; y Dragados-Copsesa-Acciona-Iridium.
En el Pleno, y sin abandonar Valdecilla, también se ha hablado a instancias del PRC de la adjudicación del contrato integral del servicio de electromedicina, algo que, según la consejera, supondrá un ahorro de 1,27 millones de euros en los dos años de duración.
PLAN DE SALUD MENTAL
Los regionalistas también han preguntado a la consejera por el Plan de Salud Mental se encuentra "en su recta final" y el Gobierno regional prevé su licitación a lo largo del "último trimestre" del año.
Este asunto ha venido al hilo de una pregunta planteada por la regionalista Concepción Solanas sobre las cifras suicidios ocurridos en 2011, un total de 37 muertes, de las cuales 24 fueron de varones y 13 de mujeres.
La consejera ha señalado que se trata de unas cifras que se sitúan por debajo de la media nacional y convierten a Cantabria en "una de las comunidades autónomas" con tasa más baja.
