SANTANDER/MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo, en su informe de 2019, ha situado a los gobiernos autonómicos de Cataluña, Andalucía, Canarias, Galicia, Murcia y Melilla como "administraciones entorpecedoras" de su labor en 2019. También cerca de un centenar de ayuntamientos en el conjunto del país, entre ellos los cántabros de Laredo y Suances.
En total 117 entidades generales, autonómicas y locales no han contestado a esta institución tras el tercer requerimiento de información.
Este informe, presentado este miércoles en el Congreso y consultado por Europa Press, detalla que el Defensor del Pueblo solicitó al Ayuntamiento de Suances información, el 16 de marzo de 2018, sobre la falta de contestación a una denuncia por una obra realizada en la planta sótano de unos portales de la calle Prolongación del Carral 21. Se hizo el tercer requerimiento el 5 de junio de 2019, y posteriormente, se recibió el informe el 14 de junio 2019.
También en Suances se solicitó ampliación de información, el 3 de julio de 2018, sobre una finca en condiciones "insalubres", con una edificación que presenta riesgo de derrumbe inminente. Según detalla el Defensor del Pueblo, se hizo el tercer requerimiento el 30 de octubre de 2019 y posteriormente, se recibió el informe del Consistorio el 25 de noviembre de 2019.
En el caso del Ayuntamiento de Laredo, el 5 de abril de 2018 se solicitó ampliación de información por silencio ante la solicitud de devolución de la plusvalía por pérdida en la venta de un inmueble. Se hizo el tercer requerimiento un año después, el 15 de abril de 2019.
Con carácter general, el Defensor del Pueblo señala sobre las entidades locales que entiende las "carencias" y la falta de medios materiales y humanos que les puede plantear la información requerida, si bien recuerda que esto no les "exime" de la obligación de contestar a esta institución.
Junto a los dos cántabros, los cerca de 100 ayuntamientos considerados por este organismo como administraciones entorpecedoras durante el año pasado están en las provincias de La Coruña (3), Albacete (2), Alicante (2), Asturias (4), Badajoz (2), Baleares (5), Burgos (2), Cáceres (2), Cádiz (2), Ciudad Real (1), Córdoba (1), Cuenca (1), Gerona (1), Granada, (2), Guadalajara (5), Huelva (1), Jaén (1), La Rioja (2), Las Palmas (4), León (4), Madrid (9), Málaga (1), Murcia (12), Palencia (1), Pontevedra (1), Segovia (1), Sevilla (7), Soria (1), Tarragona (3), Tenerife (4), Teruel (1) y Toledo (8).
SEIS GOBIERNO REGIONALES
A esto se suman diversos organismos de los gobiernos regionales de Cataluña, Andalucía, Canarias, Galicia, Murcia y Melilla que se han demorado en contestar al Defensor del Pueblo durante 2019.
En concreto, estos organismos son el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, la Consejería de Derechos Sociales de Canarias, la Consejería de Hacienda de Melilla, la Consejería de Política Social de la Xunta de Galicia, la Consejería de Agua de Murcia, la Dirección General de Comercio de Murcia, y la Dirección General de Energía de Murcia.
Por este motivo, la institución las enmarca dentro de las administraciones entorpecedoras habida cuenta de que no han dado "adecuada respuesta" a los requerimientos efectuados por el Defensor del Pueblo.
No obstante, desde este organismo explican que las características de cada administración son distintas, tanto por la repercusión del incumplimiento, como por la insistencia en el mismo o por los recursos disponibles por parte de las propias entidades.
TRES ADMINISTRACIONES GENERALES
Según este informe, tres entidades generales del Estado están consideradas por el Defensor del Pueblo como administraciones entorpecedoras de su labor el pasado año. Se tratan de la Secretaría de Estado de Cultura, la Dirección General de Política Interior y la Dirección General de Tráfico.
En concreto, a la Secretaría de Estado dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte se le requirió por la conservación y mantenimiento de bienes de interés cultural, mientras que a las entidades dependientes de Interior fue por cuestiones generales y por el procedimiento sancionador.
También otras dos entidades públicas no dieron "adecuada respuesta" al Defensor del pueblo. Son la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por su funcionamiento de los órganos de gobierno y el Sindicato de Riegos Veguellina de Orbigo, en León, por las aguas superficiales.
