SANTANDER, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad está "tras la pista" de algún trabajador del departamento que podría estar sacando partes de expedientes para entregárselos al Partido Popular.
En el caso de las obras del edificio Lagunilla, aseguran que se "robaron" unas fotocopias de un expediente que estaban en un cajón del jefe de servicio, pero hay "algún caso más" y están "tras la pista" en "al menos" otro expediente.
El propio consejero, Jesús Oria, lo desveló hoy en una rueda de prensa convocada tras conocerse ayer el auto del magistrado Santiago Pérez Obregón que acuerda el archivo de la querella por el caso Lagunilla y el sobreseimiento libre del consejero y los otros tres querellados.
Tras guardar "respetuoso silencio" en todo este tiempo para no "interferir" en las diligencias judiciales, Oria salió hoy ante los medios para felicitarse por la resolución y agradecer el apoyo recibido, y confiado en que ahora los ciudadanos juzguen la actuación de cada uno.
Pero además, en su comparecencia afirmó no tener "duda" de que se están intentando sacar documentos de su departamento para entregárselos al PP. Imagina que en unos casos será a petición del propio partido, y en otros por parte de alguien que espera así "recibir algo del Partido Popular ahora o en el futuro".
Y es que, el consejero lamentó que la querella por las obras del edificio Lagunilla responde a una "estrategia" del PP, cuyo "único afán es avanzar electoralmente por la vía del desprestigio", una estrategia en la que señala como "principal responsable" a Ignacio Diego, como presidente de la formación.
Opinó que ha contado además con la colaboración de "alguien con responsabilidad" en el Ayuntamiento de Santander para que durante el proceso judicial las obras siguieran sin poder iniciarse por la falta de la licencia, para así "dar más sensación de que se había pagado dinero por unas obras que seguían sin hacer". "Ha habido una cadena que ha funcionado perfectamente", afirmó.
JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA
De todas maneras, recalcó que al final los "desacreditados" han sido los 'populares', que, "bajo el paraguas de la inmunidad parlamentaria", han realizado "graves acusaciones", incluso de "corrupción", que "se han demostrado falsas". "Eligieron la vía de la judicialización de la política", que ahora "se ha vuelto" contra ellos, agregó.
El consejero, en cambio, rechaza esa judicialización y, por eso, en principio no contempla el querellarse contra el PP por denuncia falsa y prefiere que sean los ciudadanos los que juzguen. Y junto a ello, cree que también Ignacio Diego debería "evaluarse a sí mismo con la severidad con que acostumbra a medir a otros".
Para el titular de Ganadería, en momentos como los actuales en los que frecuentemente aparecen casos de corrupción, "sobre todo en las filas del PP", habría que ser "especialmente escrupuloso" a la hora de interponer denuncias y querellas porque, aunque resulten "infundadas" como en este caso, "contribuyen a alimentar" una "mala imagen" y el "desprestigio" de la clase política.
También cree que "deben abandonarse estrategias" como la del PP cántabro de "desacreditar por cualquier medio al rival político", con la que refleja "su incapacidad para aumentar sus expectativas mediante propuestas constructivas y constata que su único afán es el de avanzar electoralmente por la vía del desprestigio".
LA VERDAD
Oria, que en "ningún momento" pensó en la dimisión, criticó que al PP "la verdad no le ha importado, porque la verdad ni era noticia ni servía a su estrategia continua de: calumnia que algo queda". En sus palabras, el "único interés" del PP con esta querella ha sido el de desacreditarle a él como consejero y a otras tres personas "sin reparar en medios y sin que la verdad constituya impedimento alguno para ello".
Y "la verdad", según Oria, es la que él ha mantenido en todo momento. Así, el consejero, que reconoció haberlo pasado "francamente mal" durante este tiempo, y más aún los otros querellados, reiteró que se trató de un error administrativo "como tantos que se cometen" en todas las administraciones.
Según dijo, hay años que se gestionan hasta 60.000 expedientes y "nadie está libre" de que se cometa un error. Además, en este caso, se da la circunstancia de que la demora en la obtención de la licencia obligó a hacer anticipos, para no perder las partidas ya presupuestadas, y como "nunca" se había hecho un anticipo no estaban familiarizados con el tipo de documento que hay que utilizar y se usaron, por error, los correspondientes a certificaciones de obra.
"Como el crédito presupuestado no gastado a fin de año se pierde, se decidió acudir al sistema extraordinario de pago" que permite los anticipos, que después se compensan a medida que se facturen las obras, unos trabajos que en la actualidad, y tras "catorce meses" esperando licencia, ya están "a punto de finalizar", comentó.
Por último, preguntado por la situación del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López Marcano, pendiente de la instrucción de otra querella, en su caso por la gestión de la cueva de El Soplao, Oria desea que "en breve, le ocurra lo mismo" y se archive también la causa.