El Consejo de Gobierno autoriza a la Comunidad Autónoma a personarse en todos los procedimientos con sentencias de demolición
SANTANDER, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Javier Fernández, afirmó este lunes en el Pleno del Parlamento que se buscará "la indemnización más justa posible" para cada uno de los afectados por las sentencias de derribo, y la abonará en su totalidad antes de la demolición. Señaló que además del pago de las indemnizaciones previas, se dará a las familias plazos de seis meses o más para que puedan tomar las decisiones familiares que precisen para buscar una vivienda alternativa.
Asimismo, el Gobierno se "autoimpone" la obligación de informar semestralmente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de los avances del plan de ejecución de sentencias de derribo, y firmará convenios con los Ayuntamientos afectados para concretar la responsabilidad solidaria en los casos en que la responsabilidad sea compartida.
Además, el consejero anunció que el Consejo de Gobierno aprobó en su última reunión un acuerdo por el que autoriza a la Comunidad Autónoma a personarse en todos los procedimientos con sentencias de derribo desde la condición de colaboradores con la Administración de Justicia . El consejero señaló que ahora no será la empresa Tragsa la que se encargue de desalojar a los vecinos, como estaba ocurriendo ya cuando el PP accedió al Gobierno. Explicó que la situación en ese momento era "insostenible", puesto que el TSJC estaba ya en una fase de organización de desalojos y cortes de suministro de algunas viviendas en Argoños.
El consejero compareció esta tarde en el Parlamento a petición propia para informar de la propuesta de ejecución de sentencias de derribo firmada por el Gobierno y los Ayuntamientos de Argoños, Arnuero, Escalante, Miengo, Piélagos y San Vicente de la Barquera -los seis gobernados por el PP-. Sin embargo, el primer reproche que recibió de PRC y PSOE fue el de no presentar antes el plan en el Parlamento que en el TSJC y buscar el consenso de la Cámara. La sesión fue seguida desde la zona de público por miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).
Javier Fernández realizó una encendida defensa de un documento que plantea el derribo de un máximo de 150 viviendas de las 621 sobre las que pesan sentencias de derribo, con una ejecución escalonada en el tiempo con el año 2018 como horizonte final y con una planificación presupuestaria en función de la cual el Gobierno consignará en sus presupuestos de cada año entre tres y cinco millones de euros para hacer frente a las indemnizaciones previas y a los costes de las demoliciones.
Una "hoja de ruta" que parte de principios "irrenunciables e ineludibles", como son el cumplimiento de las sentencias y de la legalidad vigente, especialmente la que obliga a indemnizar antes de demoler; la coordinación con los ayuntamientos y la comunicación con todas las partes afectadas. El objetivo es empezar por la demolición de las viviendas que no admiten otra solución (una estructura en Argoños en 2013, siete viviendas de Cerrías en 2013 y otras diez en 2014) y mientras tanto, estudiar los casos en que resulta factible la legalización por los cambios habidos en el planeamiento, dado que algunas sentencias tienen ya 16 años.
La palabra final la tendrán los órganos judiciales, tal y como resaltó el consejero, quien aseguró que el Gobierno va a estar permanentemente al lado de los afectados y no permitirá ninguna situación de desamparo. "A lo largo de este larguísimo camino que nos queda por recorrer, nos encontraremos con situaciones difíciles, dramáticas en algunos casos", avanzó.
GRUPOS
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Miguel Angel Palacio, afirmó que el PSOE no se siente "responsable de este desastre" porque "no ha formado parte del problema" pero sí que está "comprometido con la solución". Reprochó al Gobierno del PP que su Plan de Derribos "no sea una propuesta de todas las partes" lo que en su opinión constituye "la debilidad más importante" del documento, porque "ni se ha buscado el consenso de los grupos parlamentarios, ni es una propuesta de los afectados ni de los que ganaron los pleitos".
"Es una propuesta de parte de los que perdieron los pleitos, del Gobierno y los ayuntamientos", afirmó Palacio, quien no obstante, consideró que el documento es "acertado" en algunos puntos, aunque "insuficiente e incompleto" en otros. En este sentido, subrayó que no están todas las sentencias de derribo ni todos los Ayuntamientos -el consejero replicó que están hablando con Santillana del Mar y otros municipios con sentencias-.
Palacio opinó que el Gobierno tiene que hacer "un ejercicio de acercamiento a todas las partes" y añadió que al plan "le falta un capítulo para exigir responsabilidades morales y económicas a los culpables para que desastres como este no vuelvan a ocurrir". El portavoz del PP, Iñigo Fernández, le replicó que en esa búsqueda de responsabilidades, "al primero que habría que pedírselas" podría ser al entonces presidente de la Comisión Regional de Urbanismo, Miguel Angel Revilla, a quien el PSOE "le dio el voto para hacerle presidente".
El portavoz socialista también obtuvo réplicas del portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, que afirmó que "los ojos en el cogote" ya no sólo los tiene el PP sino que se están convirtiendo en "un virus", y del propio consejero, que le consideró "un auténtico temerario" por afirmar que el PSOE "no se siente parte del problema" después de estar ocho años en el Gobierno y de formar parte de las Corporaciones que votaron a favor de los PGOU cuyas irregularidades dieron lugar a sentencias de derribo, y también por exigir responsabilidades patrimoniales personales. En este sentido, le preguntó que si se anulase el plan eólico, "¿suscribiría pagar los daños con sus bienes personales?".
En muy distinto tono, el portavoz del PRC reconoció el esfuerzo del Gobierno por encontrar una solución "viable" al problema de los derribos y reivindicó el trabajo del anterior Gobierno, afirmando que el plan del PP se basa en buena parte en ese trabajo. Opinó que el documento tiene algunas "indefiniciones" como la forma de coordinar la responsabilidad compartida y solidaria y pidió que se envíen a la Cámara las decisiones importantes que se tomen.
El portavoz del PP opinó que las sentencias de derribo son "la herencia más envenenada y la carga más pesada que el Gobierno tiene que llevar sobre sus espaldas" y aunque agradeció el "apoyo claro" del PRC, subrayó que el Plan de Derribos del Gobierno de Ignacio Diego "va mucho más lejos" que el del anterior consejero de Obras Públicas, el regionalista José María Mazón, que "tampoco presentó su Plan de Derribos en el Parlamento antes de llevarlo a los tribunales".
En la misma línea, el consejero de Urbanismo subrayó que ambos planes "sólo se parecen -y vagamente- en el nombre" y puntualizó que dos cosas pueden llamarse igual y "no parecerse nada", como ocurre -dijo- con las Cuatro Estaciones de Vivaldi y la pizza 'cuatro estaciones'. En su opinión, el tiempo ha demostrado la "inutilidad" del documento que el anterior Gobierno presentó en 2009, que "no sirvió para nada" porque no contemplaba actuaciones individualizadas y "nunca tuvieron voluntad de ejecutarlo".
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