El Gobierno declara como estratégico el proyecto Besaya Green H2

SANTANDER, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha declarado el proyecto para construir una planta de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos sostenibles en los antiguos terrenos de Sniace como Proyecto Empresarial Estratégico de Cantabria, tras analizar la solicitud presentada el 6 de septiembre de 2025 por los promotores y comprobar que la iniciativa cumple los requisitos establecidos en la Ley de Simplificación Administrativa.

Se trata del denominado 'Proyecto Besaya Green', promovido por la empresa Besaya Green H2 SL, que se prevé implantar en terreno de los municipios de Torrelavega y Santillana del Mar.

Para la declaración como Proyecto Empresarial Estratégico, la documentación fue remitida a la Consejería de Ordenación del Territorio y a los ayuntamientos afectados, y en octubre y noviembre de 2025 se recibieron los informes preceptivos, todos ellos favorables y sin observaciones que cuestionaran la coherencia del proyecto con los instrumentos de ordenación territorial vigentes.

Así, el lunes el consejero de Industria, Eduardo Arasti, presentó oficialmente el proyecto ante el Parlamento como paso previo a su catalogación como estratégico en el Consejo de Gobierno de este jueves, tal y como marca la Ley de Simplificación.

El proyecto cumple los tres criterios exigidos por la normativa para obtener la declaración de estratégico: inversión mínima superior a 50 millones de euros, creación prevista de más de 100 empleos indefinidos a tiempo completo, y su pertenencia a un sector considerado estratégico -en este caso, el del hidrógeno verde y la transición energética-.

La declaración permite activar los mecanismos de tramitación preferente, destinados a impulsar iniciativas con alto impacto para el desarrollo económico regional.

Este paso posibilita reducir a la mitad de los plazos administrativos para autorizaciones esenciales, y da prioridad en el acceso a líneas de financiación, avales y ayudas públicas y valoración preferente en futuras convocatorias de incentivos a la inversión empresarial.

El acuerdo aclara que esta declaración no supone la aprobación definitiva del proyecto, que quedará condicionada a la obtención de las autorizaciones sectoriales y licencias pertinentes. La declaración será efectiva desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria y admite recurso de reposición o contencioso-administrativo.

AYUDAS A AUTÓNOMOS

Por otro lado, en materia de empleo el Consejo de Gobierno ha autorizado en su reunión semanal la convocatoria 2026 de subvenciones destinadas a promover el mantenimiento de los autónomos en Cantabria, con el objetivo de apoyar especialmente a proyectos de autoempleo y microempresas en sus primeros años de actividad, y con prioridad en municipios en riesgo de despoblamiento.

Para acceder a las ayudas, los autónomos deben acreditar entre tres y cinco años de cotización continuada, ejercer su actividad de forma directa en Cantabria y no superar una plantilla de nueve trabajadores. La convocatoria, además, se acoge al marco europeo de ayudas de minimis y contempla diferentes límites según la actividad económica del solicitante.

La financiación máxima asciende a 3.716.200 euros con cargo a la aplicación presupuestaria prorrogada al ejercicio 2026. Las ayudas oscilan entre 2.750 y 4.450 euros según el perfil del solicitante -hombre, mujer, persona joven, mayor de 45 años, con discapacidad o víctima de violencia de género- y prevén un incremento del 20% para quienes residan en municipios incluidos en el mapa de riesgo de despoblamiento.

Las ayudas se abonarán en un único pago tras la verificación del cumplimiento de los requisitos.

NUEVOS RECURSOS CONTRA REPARTO DE MENORES

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado a la Dirección General del Servicio Jurídico a interponer nuevos recursos contenciosos-administrativos contra las resoluciones dictadas por la delegada del Gobierno en Ceuta el 15 y el 23 de enero y dos resoluciones del delegado del Gobierno en Canarias el 2 de febrero, relativas al traslado y reubicación en Cantabria de menores migrantes acogidos en dichas comunidades autónomas.

El Gobierno cántabro ha trasladado que acude a la vía judicial "para garantizar la defensa de los intereses de la comunidad autónoma y el respeto a los procedimientos establecidos en materia de protección de menores".

Las resoluciones estatales cuestionadas ordenan el traslado a Cantabria de menores acogidos en Ceuta y Canarias, respectivamente, decisiones que el Ejecutivo de Cantabria entiende que requieren revisión judicial para "salvaguardar el marco competencial autonómico y los protocolos específicos que regulan la atención de menores extranjeros no acompañados".