El Gobierno de Cantabria promueve el alquiler social de 24 viviendas de protección oficial de su propiedad

SANTANDER, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha decidido ofertar 24 viviendas de protección oficial de su propiedad en régimen de alquiler para cubrir las necesidades más acuciantes de familias con escasos recursos económicos. Los precios de renta podrán tener una reducción de hasta el 40 por ciento y oscilarán entre 150 y 250 euros mensuales.

Así lo ha afirmado este miércoles el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Rodríguez Argüeso, durante la presentación en rueda de prensa de la Orden por la que se regula el procedimiento para la adjudicación de estas viviendas protegidas del Gobierno de Cantabria, que se ha publicado este miércoles en el BOC (Boletín Oficial de Cantabria).

Según ha informado Rodríguez Argüeso, el anterior Gobierno (PRC-PSOE) desarrolló el Decreto 68/2009, de 24 de septiembre, en el que afirmaba ser consciente de la necesidad de establecer un procedimiento para dotar de seguridad jurídica a las adjudicaciones de viviendas protegidas propiedad del Gobierno de Cantabria, facultando al entonces consejero de Obras Públicas a regular mediante una Orden el procedimiento de adjudicación.

Sin embargo el Decreto nunca se llegó a desarrollar, "dejando vacías y sin uso", desde 2009, 24 viviendas que son las que ahora se activan. Estas 24 viviendas están ubicadas en los municipios de Torrelavega (cinco viviendas), Corrales (cuatro), Val de San Vicente (tres), Santander (ocho viviendas), así como Cabezón de la Sal, Reinosa, Castro Urdiales y Puente Viesgo con una vivienda cada uno. La mayoría de estas viviendas están vacías desde su adquisición.

PROCEDENCIA

Según ha informado el consejero, dichas viviendas proceden del derecho de tanteo y retracto que desde 2004 el Gobierno de Cantabria ha ejercido, tanto en ventas privadas (el propietario de la vivienda notifica que quiere vender la vivienda y el precio en el que la quiere vender y la Consejería le notifica que en ese mismo precio la compra el Gobierno) como en ventas/subastas, tanto judiciales (promovidas por bancos para el cobro de hipotecas) como administrativas (embargos de la Seguridad Social).

Rodríguez Argüeso espera que los inquilinos puedan acogerse también a las ayudas que apruebe el Plan Estatal de Vivienda y las subvenciones a los arrendamientos que entrarán en vigor el año próximo.

El Gobierno de Cantabria pedirá a los Ayuntamientos y a sus servicios sociales que le trasladen las necesidades más acuciantes de sus vecinos como consecuencia de desahucios o incapacidad para afrontar un arrendamiento de vivienda libre.

Se priorizarán algunos colectivos especialmente protegidos: mujeres víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo, afectados por situaciones catastróficas, familias numerosas, personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida, y las familias que tengan a su cargo así como personas sin hogar o procedentes de operaciones de erradicación del chabolismo.