Javier Fernández se reúne con los afectados por los derribos
SANTANDER, 10 May. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, se ha reunido este viernes con miembros de AMA (Asociación de Maltratados por la Administración) para informarles del proyecto de Ley que el Gobierno de Cantabria aprobó ayer, en su reunión semanal.
Fernández ha explicado que este proyecto, que espera que se convierta en Ley "como muy tarde en junio", puede ser una solución para las familias afectadas por sentencias de derribo. "En el plazo de un año, y visto el estado de tramitación de los planeamientos, 450 viviendas pueden contar con autorización provisional lo que va a colocar dentro de la legalidad a estas viviendas", ha dicho.
El titular de Urbanismo ha reiterado que hablan de "autorizaciones o legalizaciones provisionales porque siempre serán construcciones que queden bajo el control de los órganos judiciales". En este sentido el vicepresidente de AMA, Ciriaco García, ha definido este anteproyecto de Ley como "buena noticia" y ahora espera que se cumpla, "que sea una realidad ya y deje de ser ciencia ficción".
A este respecto, Fernández ha matizado que hasta la fecha siempre desde el Gobierno se había transmitido a los afectados un mensaje de "esperanza", "pero creo que ahora hay razones fundadas para transmitirles un mensaje de ilusión en la mayoría de los casos".
"El compromiso es muy claro" ha repetido, "en un año 450 viviendas con autorización provisional". Ha precisado al respecto que "en lo que queda de año pueden alcanzar la autorización provisional, a la vista del estado de tramitación de planes, unas 300 viviendas y en el primer semestre del año que viene otras 150.
Por tanto, 450 viviendas pueden estar provisionalmente legalizadas en un año. En total, hay 621 viviendas afectadas en la región y, según el titular de Urbanismo, "alrededor de 170 viviendas que no tienen encaje en los planeamientos, hoy por hoy, que están en tramitación".
De las 170, ha explicado, 102 son viviendas de la Arena que además tienen una solución "consensuada". En este sentido, ha comentado que hasta la fecha el Gobierno había transmitido a los afectados por las sentencias calendarios "a medio y largo plazo", pero ahora, ha dicho, "creo que hay un cambio cualitativo porque lo que ponemos ahora encima de la mesa son compromisos a corto plazo".
RESPETO A LAS DECISIONES DE LOS JUECES
Para Fernández se habla "siempre" de autorizaciones o legalizaciones provisionales porque, en su opinión, siempre serán construcciones que queden bajo el control de los órganos judiciales. "Cuando los planes generales se aprueben definitivamente, estas viviendas tienen que seguir cumpliendo los requisitos de legalidad, pero si los cumplen en el momento de la aprobación inicial lo lógico es que lo cumplan en el momento de la aprobación definitiva", ha explicado.
"De esta manera", ha continuado, "los jueces van a poder controlar esta cuestión, tanto en el momento de la aprobación inicial, porque para eso se dictarán actos administrativos como son las autorizaciones provisionales, como cuando los planes se aprueben y se vayan otorgando las correspondientes licencias".
"En el Gobierno estamos tremendamente ilusionados porque creemos que hemos encontrado una fórmula muy respetuosa con las decisiones judiciales", ha expresado.
Para finalizar, ha dicho hay que hay que tener en cuenta que "todas y cada una" de las acciones que se lleven a cabo tienen que respetar, tanto las sentencias, como la capacidad de los jueces de decidir la ejecución de esas sentencias.
"Creo que hemos encontrado un mecanismo jurídico que puede conjugar ese derecho, que debe ser total y sin limitaciones de los jueces de ejecutar las sentencias, como el derecho de los afectados a que sus viviendas puedan ir encajando dentro de la legalidad", ha añadido.
