El Gobierno estudia la nulidad de la declaración de interés regional para la Ciudad del Cine

SANTANDER, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria estudia la posibilidad de dictar la nulidad del acuerdo del Ejecutivo anterior que declaró el proyecto de Ciudad del Cine en Miengo (Mogro) como de interés regional, paso administrativo previo a la formulación del PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional).

En concreto, la fórmula que estudian los servicios jurídicos del Gobierno para anularlo declarar la lesividad del acuerdo para este proyecto que planeaba salas de cine, auditorios y espacios comerciales, entre otras infraestructuras, en los terrenos de las antiguas canteras de Cuchía.

Uno de los puntos en que se fundamentará este declaración de lesividad es que en el momento en que se aprobó esa declaración, julio de 2008, la empresa promotora del proyecto, VFM, no existía formalmente (se inscribió en el Registro Mercantil tres meses después), según ha revelado la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, para quien esto podría suponer que el acuerdo está "viciado".

Al llegar al Ejecutivo, y ante la "presión" a la que le estaban sometiendo los miembros de la empresa, el Gobierno decidió realizar unas "mínimas comprobaciones", mediante las cuales averiguó que la empresa, una sociedad unipersonal, no había tenido actividad durante los dos años previos ni en Florida (Estados Unidos, donde se encontraba la matriz), ni en la delegación en Madrid.

Díaz ha hecho hincapié en que en ambos casos las sedes de las empresas se encontraban en viviendas particulares.

Entre los métodos de "presión" de VFM Investments Group for Europe, se encuentra una carta que se le remitió al presidente Ignacio Diego en la que, además de enumerarle las ventajas del proyecto, le pedían una carta en la que respaldara la Ciudad del Cine, que a ellos, relataban, les pedía la sociedad Crédit Agricole para facilitarles la financiación.

Pero esta entidad desmintió ante el Gobierno que tuviera cualquier tipo de relación con VFM, empresa que, según Díaz, luego esgrimía el "apoyo institucional" del Gobierno cuando presentaba iniciativas ante otros agentes.

El proyecto de Ciudad del Cine fue analizado por todos los miembros del Ejecutivo en la sesión de este jueves del Consejo de Gobierno, en la que acordaron informar sobre esta "grave situación".

Para Díaz, lo sucedido con esta iniciativa le hace "entender" lo que pasó con otras experiencias frustradas del anterior Gobierno PRC-PSOE, como la fábrica de fibroyeso de GFB en Marina de Cudeyo (sobre la que se ha abierto una Comisión de Investigación en el Parlamento) o el propietario del Racing, Ali Syed, cuyos impagos han sido denunciados mientras el club se encuentra bajo administración concursal.

La consejera ha recordado que los promotores del proyecto aseguraban que supondría un 5% del PIB regional, y lo ha vinculado con otros "proyectos lunares" y "del siglo" promovidos por el anterior Ejecutivo presidido por Miguel Ángel Revilla.

Y en este sentido, Díaz ha censurado la "grave irresponsabilidad" de socialistas y regionalistas por no hacer una "mínima comprobación" sobre la empresa, algo que "no es tan difícil" de realizar. "¿Es tan sencillo convencer a un gobierno que apueste por un proyecto? ¿Basta con sentarse con el presidente?", ha inquirido la consejera.

El PSIR para el proyecto no ha tenido ejecución material, por lo que "no se ha movido una piedra", ha precisado.

LA CARTA DE VFM

En la carta que VFM remitió a Diego el 26 de septiembre, se se recuerda que el proyecto supondría, en su primera fase, una inversión de capitales por valor de 600 millones de euros y la creación de 6.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

Tras enumerar sucesivos intentos de encuentro con el presidente y con altos cargos del Gobierno, VFM reprochaba en el escrito las "falsas acusaciones" recibidas la pasada legislatura por el diputado 'popular' José Antonio Cagigas --hoy presidente del Parlamento--, así como la "desconfianza" que el propio Diego les transmitió en una reunión celebrada tres días antes de remitirse esta carta.

VFM explica en el escrito que para conseguir la financiación, sólo necesitaban, a petición de Crédit Agricole, una Carta de Intenciones del Gobierno de Cantabria en el que garantizara que daría continuidad a la tramitación del PSIR, en un documento que decía que no le "vinculaba jurídicamente".

De no hacerlo, advertía VFM, "entenderemos que su respuesta es no a un serio proyecto de inversión privada por 1.300 millones de euros y no a la creación de empleo durante el próximo lustro en la comunidad autónoma de Cantabria".

"Bromas las justas cuando se trata de jugar con la ilusión", le ha replicado a la empresa en rueda de prensa la consejera de Presidencia, quien ha difundido otro escrito, en este caso de la propia Crédit Agricole.

En él, esta entidad financiera manifestaba que no tenía "ningún tipo de relación comercial, ni financiera, ni mercantil" con VFM, "ni para este proyecto ni para ningún otro", ni había exigido la Carta de Intenciones del Gobierno.

Al contrario, al saber de esta situación, Crédit Agricole pidió a VFM que "cese" en la utilización de su nombre como entidad vinculada a este proyecto, y le pide al Gobierno que no tenga en cuenta las afirmaciones que ha hecho o pueda hacer en el futuro esta empresa.