Gobierno inicia el expediente para indemnizar con otra casa a los afectados de la Arena

Actualizado 18/10/2014 19:41:06 CET
El Encinar, La Arena
Foto: EUROPA PRESS

Fernández anuncia que se iniciarán más procedimientos para garantizar el patrimonio de los afectados de otras viviendas que serán demolidas

   SANTANDER, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno de Cantabria ha aprobado el procedimiento de responsabilidad patrimonial por el cual los propietarios de las viviendas de La Arena en Arnuero con sentencia de derribo recibirán otra casa "de las mismas características y calidades en el mismo municipio", de forma que se garantiza el patrimonio de los afectados.

   Este es el primer procedimiento incoado por el Gobierno regional para las viviendas que no pueden acogerse al proceso de legalización y tendrán que demolerse, al que sucederán otros expedientes con el mismo propósito, como es el caso de las viviendas de Entrelindes y L05, en Piélagos y Escalante.

   Así lo ha anunciado este sábado en un comunicado el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, que ha indicado que la "práctica totalidad" de los propietarios de la urbanización de La Arena han expresado al Gobierno regional su interés por alcanzar un acuerdo en este ámbito, tras el periodo de consultas que en anteriores fechas se abrió con los afectados.

   El Gobierno inicia así, ha dicho, un procedimiento para resolver de "mutuo acuerdo" con los propietarios su responsabilidad patrimonial en el caso de La Arena.

   Fernández también ha indicado que, con la apertura del procedimiento, el Ejecutivo da cumplimiento a la transacción emitida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para el derribo de los apartamentos que quedan en pie en esa urbanización, fijado para finales de 2018, y en la que se decidió que sus propietarios reciban como indemnización otra vivienda en sustitución o dinero.

   Mediante este acuerdo, afirma el consejero, el Gobierno de Cantabria "lleva a la práctica esa transacción judicial, para avanzar en el acuerdo, y fijar derechos y obligaciones de las partes con el fin de sustituir vivienda por vivienda". Además, ha resaltado que, si la Administración no llegara a cumplir, será un árbitro el que decida el valor de sus viviendas.

   El plazo legal para resolver este procedimiento administrativo es de seis meses, si bien el consejero de Urbanismo ha adelantado que el Gobierno intentará "agilizarlo al máximo", para alcanzar un "acuerdo efectivo y cerrar este largo capítulo con los afectados cuanto antes".

OTROS EXPEDIENTES

   El consejero ha explicado que este es el primero de una lista de expedientes de responsabilidad patrimonial que hará frente este Gobierno para ofrecer una respuesta "justa" a los propietarios de las viviendas que serán demolidas y no pueden acogerse al proceso de legalización.

   Unos procedimientos que se inician a demanda de los afectados, ha apuntado el consejero, que están de acuerdo "en su inmensa mayoría" en explorar esta vía de acuerdo indemnizatorio que sustituya la vivienda objeto de demolición por otra de similares características.

   De esta forma, el Ejecutivo mantiene, como en el caso de La Arena, conversaciones con los propietarios de las viviendas de Entrelindes y L05 (Piélagos) y de Escalante, afectadas también por sentencias de derribo, para iniciar sendos expedientes de responsabilidad patrimonial en los mismos términos.

"SOLUCIÓN JUSTA"

   El titular de Urbanismo ha valorado que el Gobierno de Cantabria ha puesto sobre la mesa una "solución justa" al problema de los derribos y a las "justas reivindicaciones" de los afectados con el fin de garantizar su patrimonio.

   "Este Gobierno ha tenido claro desde el primer momento que la resolución definitiva se producirá cuando las viviendas puedan ser legalizadas, y en aquellas que no puedan ser deberá alcanzarse un acuerdo indemnizatorio con los propietarios de sustitución de vivienda por vivienda", ha defendido.

   Si no se materialice este acuerdo, ha recordado Fernández para finalizar, las administraciones se someterán a un arbitraje para establecer el valor de la vivienda demolida.