La vicepresidenta regional dice que Cantabria necesitará 1.800 plazas públicas de residencia en los próximos seis años
SANTANDER, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta regional y consejera de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga, ha destacado el papel relevante de las entidades privadas y empresas de asistencia a la dependencia en la aplicación de la Ley de Autonomía Personal, y la importancia de la colaboración público-privada para "asegurar una atención y una red pública de calidad para garantizar el derecho subjetivo que fija la Ley".
En este sentido, apuntó que, en la prestación de los servicios, el Gobierno apuesta por un "modelo mixto" público-privado en el que las entidades privadas acreditadas son las principales proveedoras de servicios, construyendo y gestionando centros, y en el que el Ejecutivo cántabro "concierta el cien por cien de las plazas, establece el marco de funcionamiento y sus estándares de calidad, las inspecciona y evalúa".
Recordó al respecto que el Gobierno trabaja "en estrecha colaboración con las entidades privadas, mercantiles y no mercantiles, en el desarrollo de la red pública de atención".
Durante su participación en el II Congreso de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), Gorostiaga explicó que el Gobierno de Cantabria está basando el desarrollo e implantación del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en una "rigurosa planificación", con el objetivo de que "algún día mire de igual a igual a los otros grandes sistemas de protección social".
Esta planificación se traduce en un Plan de Infraestructuras que está permitiendo "ubicar los recursos sociales allí donde están las necesidades", es decir, donde la demografía, las comunicaciones o los servicios comunitarios aconsejen que han de estar, dijo.
1.800 PLAZAS PÚBLICAS
En este sentido, Gorostiaga afirmó que en los próximos seis años Cantabria necesitará 1.800 plazas públicas de residencia, que están planificadas en un Mapa de Servicios Sociales que define necesidades en zonas urbanas, rurales y especiales. De esta forma, "se compensarían las desigualdades territoriales que existen y permite hacer real la igualdad de los ciudadanos en el acceso al sistema".
Asimismo, aseguró que, en el marco de la "intensa" colaboración y coordinación con el sistema sanitario, dado que la valoración es realizada por profesionales de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, los centros de atención residencial, "bien dimensionados y bien ubicados", pueden utilizar en gran medida los servicios comunitarios de salud.
Además, el modelo está caracterizado por una "apuesta decidida" por los servicios de proximidad, es decir, por una red pública que acerque los servicios a los ciudadanos, a través de la promoción del Servicio de Ayuda a Domicilio, del desarrollo de una red de centros de día "estratégicamente distribuida por todo el territorio", que en el medio rural han de estar necesariamente asociados a centros de atención residencial. En este modelo "de proximidad", el Gobierno apuesta por residencias de pequeño tamaño (50-100 plazas) que permitan utilizar los servicios comunitarios.
En este sentido, Gorostiaga explicó que en las zonas rurales estas residencias se han de convertir en 'Centros de Atención Integral', que junto con los residenciales, presten servicios de centro de día, ayuda a domicilio, de comida a domicilio y de lavandería, de forma que además de asegurar el acceso a todos los servicios de los ciudadanos de las zonas rurales, ofrecen un plus de actividad económica que posibilita la viabilidad financiera de los centros.
Gorostiaga participó en una mesa de debate sobre la 'Situación actual de la aplicación de la Ley de Dependencia', en la que intervinieron, además, Pablo Cobo, subdirector general de Planificación, Ordenación y Evaluación del IMSERSO; Joaquín Bascuñana, consejero de Política Social, Mujer e Inmigración de Murcia; Joaquín Martínez, secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia de Valencia; Javier Oyarzábal, presidente de la Federación Andaluza de Atención a la Dependencia (FAAD), y Miguel Ángel Vargas, presidente de la Federación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (FERTECAM).
Además, la vicepresidenta mantuvo un encuentro con los empresarios del sector que estarán presentes en el Congreso, en la que estuvo acompañada por el director general de Políticas Sociales, Julio Soto.
Este segundo congreso de la FED se enmarca dentro del Salón 'BIDA', Bienal de la Dependencia y de la Autonomía, que se celebra del 3 al 5 de junio, inaugurado por la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y el presidente de la FED, Alberto Echevarría.
