A información pública el proyecto de decreto de la Oficina de buen gobierno y contra la corrupción

Publicado 01/10/2018 10:09:34CET

SANTANDER, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha abierto este lunes el proceso de información pública del proyecto de decreto que regulará la futura Oficina de buen gobierno y contra la corrupción, un órgano independiente y que se encargará de recibir, investigar y tramitar las denuncias de la ciudadanía por presuntas conductas ilícitas.

El borrador de la norma, que regulará sus fines, organización y funcionamiento, se puede consultar en el Portal de Participación Ciudadana (participación.cantabria.es) o en la propia sede del Gobierno, estableciéndose un plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones o sugerencias al texto.

El periodo de consulta, convocado el pasado mes de agosto, ha servido para recabar la primera opinión de la ciudadanía, organizaciones y asociaciones, un primer proceso público en el que el Gobierno de Cantabria ha tenido en cuenta algunas de las sugerencias presentadas, al coincidir en lo fundamental con la concepción que se tiene de la misma, ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

En concreto, en su adscripción a la Administración Autonómica, la creación de un buzón de denuncias y, sobre todo, en el procedimiento para garantizar el anonimato y la eficacia en la tramitación de las denuncias, las obligaciones sobre el resultado de la investigación y la protección de la persona denunciante.

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha defendido la independencia de la oficina, que dependerá administrativamente del Gobierno, por motivos de "eficiencia y responsabilidad presupuestaria", y dentro de los requisitos marcados por la ley reguladora del régimen jurídico del sector público.

Por eso, estará integrada por funcionarios, garantizándose su independencia y libertad de funcionamiento, y su máximo responsable deberá contar con la aprobación del Parlamento, ha remarcado.

De la Sierra ha animado a estudiar al texto legal desde una posición "constructiva" y con la voluntad de crear un órgano que sea "viable", "eficaz" y que "sirva lo mejor posible a los intereses y objetivos para lo que va a ser creado".

Los objetivos de la Oficina, según se recoge en el proyecto de decreto, serán prevenir e investigar, en primera instancia, posibles casos de uso o destino fraudulentos de fondos públicos o cualquier aprovechamiento ilícito derivado de conductas que comporten conflicto de intereses o el uso particular de informaciones derivadas de las funciones propias del personal al servicio del sector público.

La Oficina se integrará en la estructura general de la Administración Autonómica, actuando con independencia y como complemento necesario a la labor, tanto de la Inspección General de Servicios como de las funciones de control de la Intervención General.

El Gobierno ha ideado una Oficina que se estructura como una Dirección General, garantizándose su independencia y libertad de funcionamiento. El director de la Oficina deberá contar con la aprobación del Parlamento de Cantabria, a cuyo efecto se remitirá al mismo la propuesta de nombramiento. Además, se crea un órgano asesor e independiente, designado por el Parlamento de Cantabria, que garantiza el cumplimiento de los fines.

Para recoger todas las denuncias, se habilitará un buzón electrónico de acceso público en que el que empleados públicos y la ciudadanía en general, identificándose en la plataforma y garantizando su anonimato, podrán formular quejas, denuncias o sugerencias relacionadas con actuaciones o conductas que puedan resultar contrarias al derecho, a los principios o reglas éticas y de buen gobierno y administración que determina el marco normativo vigente. Se trata de conductas en las que puedan incurrir las autoridades, el personal y altos cargos, siempre que se refieran a asuntos sometidos a su actuación.

Su ámbito de actuación se extenderá a la Administración General de la Comunidad Autónoma, así como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella y las entidades que integran el sector público autonómico.

También, atenderá las denuncias o quejas por actuaciones de entidades concesionarias de servicios públicos autonómicos, perceptoras de subvenciones, las que tengan atribuida la gestión de servicios públicos y los contratos públicos y cualquier ente participado por fondos públicos provenientes de la Administración General de Cantabria. Se prevé canalizar denuncias de otras administraciones e instituciones hacia los órganos competentes de las mismas.

Para la redacción de la norma, el Gobierno ha tenido en cuenta otras iniciativas legislativas de este tipo, a nivel autonómico y de la Unión Europea.

El plazo para presentar sugerencias al proyecto de decreto se prolongará hasta el 23 de octubre.