Contará con una plantilla de 1.100 empleados y servirá para lograr una gestión "más eficiente" de los servicios sociales en la comunidad
SANTANDER, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
El nuevo Instituto Cántabro de Servicios Sociales gestionará un total de 182 millones de euros en su primer año de vigencia, que comenzará a partir de enero de 2010, después de superar hoy su último trámite legislativo con su aprobación en el Pleno del Parlamento de Cantabria con los votos de los Grupos Socialista y Regionalista, y el vota en contra del Grupo Popular, que vio como eran rechazadas la veintena de enmiendas que habían presentado.
Este instituto será una "herramienta" de coordinación entre departamentos del Gobierno, entidades locales y sector privado con la que se quiere hacer frente a la "notable extensión" de los servicios sociales a los que se tendrá que enfrentar Cantabria en los próximos años con el incremento de las prestaciones por desempleo o el reconocimiento de derechos en los niños.
La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y consejera de Empleo y Bienestar Social, Dolores Gorostiaga, defendió en la presentación de la ley de creación de esta instituto que este nuevo organismo contará con la misma plantilla (1.100 empleados) que la actual Dirección General de Servicios Sociales, que se encuadra en su departamento, además de no suponer un incremento en los altos cargos.
La actual directora general de Servicios Sociales, María Luisa Real, será la directora del Instituto, y en la dirección le acompañarán los actuales miembros de su equipo, según señaló Gorostiaga.
Precisamente la creación de nuevos altos cargos fue el motivo "irrenunciable" por el que el Grupo Popular no respaldó una ley cuyos objetivos dijo compartir la diputada del PP María Antonia Cortabitarte.
Para ella, el Gobierno de Cantabria esconde tras unos objetivos "loables" la creación de nuevos altos cargos, algo en lo que Cortabitarte opinó que socialistas y regionalistas "no tienen límite". La alternativa del PP pasaba por la supresión de la Dirección General de Servicios Sociales, reiteró la diputada.
El PP también había planteado en sus enmiendas otros aspectos relacionados con la transparencia y la relación con el Parlamento con el envío de una memoria anual o medidas centradas en la contratación del personal y dotar al Instituto de mayor seguridad jurídica.
La diputada lamentó la actitud de los grupos que apoyan al Gobierno en la tramitación de la ley en la que no se alcanzó un acuerdo entre todos, además de reprochar al Ejecutivo la falta de participación de colectivos sociales y usuarios en la creación de este instituto.
La socialista Cristina Pereda tildó de "programado" el discurso de Cortabitarte, a quien reprochó que "no se ha enterado de nada" de la intervención de Gorostiaga, por lo que opinó que en realidad al PP "no le gusta la extensión de derechos y de prestaciones sociales", negando que se crearan más altos cargos. Por su parte, la regionalista Rosa Valdés calificó la actitud de la oposición de "injustificable", acusándoles de plantear enmiendas que "atacan con cicatería" aspectos importantes de la ley, y mostró el interés de su partido por este tipo de políticas.
INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
Tras la aprobación de la Ley, la Consejería de Empleo y Bienestar Social iniciará el proceso para que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales sea una realidad a principios de 2010.
Para entonces, el nuevo organismo gestionará un presupuesto de 182 millones de euros, que es el que reflejan para la Dirección General de Servicios Sociales durante el ejercicio del año que viene los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.
El Instituto tendrá una plantilla de 1.100 empleados y gestionará las residencias o los centros de atención a la dependencia de la región, además de tener competencias en materia de tutela a menores y colaboración con los Ayuntamientos en las prestaciones sociales.
El nuevo organismo coordinará a las Consejerías con competencias en Servicios Sociales, como la de Empleo o la de Sanidad, y a los municipios, además de buscar la iniciativa privada. El objetivo que se persigue es la "inmediatez" entre la Administración y los ciudadanos y una respuesta "individualizada, eficaz y ágil", según aseveró Gorostiaga, quien consideró que esto exigirá "esfuerzo, pluralidad y coordinación".
Uno de los retos en que trabajará el instituto es en lograr una "aplicación más eficiente" de la Ley de Dependencia. Al respecto, Gorostiaga detalló que en el último año se ha triplicado en la región el número de familias beneficiadas por esta ley. De los más de 20.000 expedientes solicitados, se han tramitado "prácticamente" todos, y se ha reconocido este derecho a un 80% de los demandantes.
