La Junta de Personal Docente comparte la decisión de Educación, pero critica la falta de negociación

Publicado: jueves, 14 mayo 2020 18:27

SANTANDER, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente de Cantabria comparte la propuesta de la Consejería de Educación de apertura parcial de las aulas en junio, sin incluir al alumnado de menor edad, aunque critica la falta de negociación con los sindicatos y la "agónica espera" a la que a su juicio se ha sometido al profesorado.

Por ello, la Junta, integrada por los sindicatos STEC, ANPE, TU, CCOO, UGT y CSIF, exige negociar ahora con la Consejería las condiciones de este final de curso escolar y del comienzo del siguiente.

En nota de prensa, la Junta ha manifestado su rechazo a "varias de las circunstancias e implicaciones" sobre lo comunicado por Consejería tras la Conferencia Sectorial de Educación de esta mañana.

Así, aunque encuentra "acertada" la decisión, denuncia la "agónica espera" a la que se ha sometido al profesorado durante el tiempo en que la consejera, Marina Lombó, ha estado valorando esta posición, y el "desprecio" demostrado a su juicio a sus representantes, que, según dice, han conocido el posicionamiento de Cantabria "mediante prensa y anuncios públicos institucionales".

Según la Junta, la propuesta de la Consejería de apertura parcial de los centros "tampoco es fruto de ninguna negociación" con las organizaciones sindicales que representan al profesorado.

Destaca además que la Junta tenía "razón" cuando afirmaba que la decisión de la apertura de los centros correspondía a las administraciones educativas autonómicas, y que "la alusión que hasta ahora venía haciendo" la consejera de que era "una imposición" del Ministerio de Educación "no se ajustaba a la realidad".

"Es, por tanto, la Consejería de Educación la que está tomando las decisiones y a ella nos dirigimos como representantes de los casi ocho mil docentes de Cantabria para que lo que acaba de anunciar en los medios se negocie a partir de mañana", recalca.

La Junta recuerda que su propuesta ha sido, y sigue siendo, que no se abran los centros para la actividad presencial en "ninguna" etapa educativa en lo que queda de curso, porque "no se dan las necesarias garantías sanitarias para ello y porque no existen, salvo alguna excepción, ventajas pedagógicas para tres semanas escasas de curso".

No obstante, hace un llamamiento para que "se retome el diálogo interrumpido" con la Consejería, que "abandone el hermetismo" que, según dice, ha venido manteniendo este departamento con este tema y que "se siente a dialogar" con los representantes del profesorado.

Para la Junta, a falta de conocer "el detalle" de la propuesta de la Consejería, es fundamental saber si "está dispuesta" a la negociación o si ya hay una decisión "cerrada".

"Lo que hoy hemos conocido a través de los medios de comunicación, aunque no es el disparate que anunció en sede parlamentaria el pasado 30 de abril ya que ha excluido de la apertura a la Educación Infantil, la Educación Especial y la ESO, no asume en su plenitud ni da respuesta a los problemas que en estos días hemos ido planteando, desde distintos ámbitos y en muy diversos foros, todos los sectores de la enseñanza pública de Cantabria", asegura.

En su opinión, si la consejera "ha modificado" su propuesta inicial es "porque hay margen para una negociación que tiene que ser inmediata".

Por último, manifiesta su preocupación "a más largo plazo" por la constitución del comité técnico encargado de adecuar los centros educativos a los requerimientos de las autoridades sanitarias para establecer la vuelta a clase y diseñar el próximo curso, que se prevé "extremadamente complejo".

La Junta señala que "no tiene dudas" de la valía profesional de los expertos que componen dicho comité, denuncia que en el mismo "no hay ni un solo representante" del profesorado de Cantabria, lo que han solicitado "de forma expresa" todos los sindicatos.

Por ello, confía en que "también en esto" la Consejería "cambie de posición" e incluya a una representación de la Junta de Personal, ya que lo contrario sólo se podría interpretar como "una marginación" del profesorado al que se reduce a la condición de "simple ejecutor" de las decisiones de un comité en el que "sólo está presente el punto de vista de la administración".

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