Juzgan a un constructor por vender a una empresa familiar chalés que no podía pagar y había hipotecado

SANTANDER 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal pide siete años de prisión para un hombre, su mujer y su hija por delitos de alzamiento de bienes, al constituir ellas una empresa que adquirió las viviendas que la constructora de él no podía pagar.

El juicio se celebrará los días 6, 7 y 8 a las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

El principal acusado, J.M.C.C., administrador único de la empresa Gespro, proyectó una urbanización compuesta por 17 chalets en el barrio de Faro, en el Cabo de Ajo (Bareyo).

Las viviendas se fueron vendiendo a distintos compradores, pero el constructor se aprovechó de que seguía siendo titular registral de ellas para hipotecar varias de estas fincas, con el fin de obtener financiación para la construcción.

Esta fórmula no perjudicó a la mayoría de los compradores, porque habían subrogado las hipotecas, pero sí afectó a tres de ellos, que tuvieron que abonar los impagos a una entidad financiera, que en dos de los casos llegó a quedarse con las fincas.

La empresa comenzó a tener dificultades económicas, que de hecho fueron las que impidieron que levantara esas tres hipotecas, y el procesado ideó una fórmula para tratar de arreglarlo: su mujer y su hija, M.E.E.C.B. y T.C.A., también acusadas, constituyeron otra sociedad que empezó a comprar a Gespro fincas, pero sin levantar las hipotecas de los chalets que sí habían sido pagados.

Para ello, esta nueva empresa, Terrenos Castañeda, también tuvo que solicitar préstamos hipotecarios, e incluso llegó a vender a una tercera empresa los bienes que habían adquirido a la constructora originaria, Gespro.

El Ministerio Fiscal considera estos hechos como delitos continuados de estafa y de alzamiento de bienes, de los que responsabiliza al hombre, contra quien pide tres años de prisión y una multa de 8.100 euros, además de indemnizaciones que suman 271.709 euros.

Y a su mujer y a sus hija las acusa de alzamiento de bienes, por lo que pide para cada una de ellas dos años de prisión y multa de 6.750 euros.