Mazón valora que "casi todos" los miembros de la COTU apoyan la "filosofía" de la Consejería para evitar derribos

El consejero destaca la "disposición a negociar" de la asociación ecologista ARCA

Europa Press Cantabria
Actualizado: lunes, 15 marzo 2010 17:45

SANTANDER, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, José María Mazón, aseguró hoy que el Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTU), --que representa a "gran parte" de la sociedad regional relacionada con esta materia-- está de acuerdo con "la filosofía" de su departamento para evitar derribos, tanto con "el fondo" como con "la forma".

De ahí que considere que se ha dado "un paso adelante" al avanzar "casi todos en la misma dirección" ante un problema que no es sólo de los "afectados", sino de "toda la sociedad de Cantabria".

Así lo manifestó el consejero al término de la reunión de la COTU en la que se ha abordado el problema de los derribos y las posibilidades que tienen Gobierno y Parlamento para introducir modificaciones legales y evitar derribos.

Tras recordar que el objetivo no es ofrecer "soluciones particulares e individuales" sino mejorar la situación en su "conjunto" y lograr una mayor seguridad jurídica, Mazón valoró que "prácticamente todos los miembros del Consejo" han apoyado esta iniciativa, "en el fondo y la forma", recalcó.

Destacó que incluso la asociación ecologista ARCA --que a su juicio era "la más reticente"-- ha mostrado su "disposición a negociar" en los distintos casos de derribo que hay en diferentes ayuntamientos cántabros. "Este es un problema que tiene toda la sociedad de Cantabria, no es un problema sólo de los afectados", insistió el consejero.

Indicó que ARCA ha puesto como ejemplo la situación de la depuradora de Vuelta Ostrera, en Suances, sobre la que pesa sentencia firme de derribo pero que no se demolerá hasta que se dé una solución alternativa.

"Todos queremos respetar el estado de derecho, todos queremos una Cantabria mejor, y todos queremos que aquí no haya borrón y cuenta nueva y que se vuelva a empezar de cero para que vuelva a ocurrir lo mismo", manifestó Mazón, quien se congratuló "mucho" de esa disposición al diálogo de la asociación ecologista. Recordó que "hasta ahora" este colectivo se ha caracterizado por hacer "muy duras" hacia órganos políticos y personas, "en algunos casos hasta ofensivas", apostilló.

Tras indicar que desconoce si ARCA dejará de pedir que se cumplan las sentencias de derribo, el consejero aventuró que la asociación comprenderá "algunos casos", mientras que en otros tratará de conseguir compensaciones y moratorias.

En cualquier caso, recordó que el Parlamento de Cantabria es el que "más tiene que decir" en este asunto.

BORRADORES

Mazón también explicó que en su Consejería están trabajando en la búsqueda de alternativas que eviten los derribos, aunque de momento sólo tienen borradores pero todavía no hay nada "pergeñado". Añadió que se van a reunir con los distintos grupos parlamentarios, y que esperan tener algo "pergeñado" en "pocas semanas".

El titular de Ordenación del Territorio recalcó que en Cantabria no se da la misma "circunstancia" que en algunas zonas de España, donde se han hecho "muchas edificaciones ilegales de una manera radical", sin ningún tipo de licencia y en terreno rústico, según dijo.

Por el contrario, en Cantabria las construcciones se han hecho en terrenos que "en su momento" eran urbanos y, además, contaban con licencias, pero que posteriormente, como recordó, han sido anuladas por los tribunales.

De ahí que la Consejería defienda que cuando una edificación ha afectado a un bien ambiental "que merezca la pena preservase y que se pueda recuperar, habrá que hacerlo". Pero no cuando lo afectado "ya no tiene valor".

"La ley no tiene que ir a evitar sentencias. Pero si la ley puede amparar una legalidad que haga que eso ya no sea necesario ejecutarlo, pues hagámoslo cuanto antes y no cuando sea demasiado tarde", defendió.

Por último, Mazón recordó que la COTU está compuesta por diferentes áreas del Gobierno regional, ayuntamientos, colegios profesionales, la Universidad de Cantabria, ecologistas y sindicatos, entre otros.

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