SANTANDER, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, ha advertido este viernes en Santander de que la Fiscalía se mantendrá "vigilante" y en "contacto permanente" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar que los partidos políticos y las coaliciones electorales que concurran en las próximas elecciones en el País Vasco "respeten los valores constitucionales" y "no sobrepasen las líneas rojas" establecidas por el Tribunal Constitucional tras la sentencia de Sortu.
"Nunca hemos bajado la guardia", aseguró Narváez durante un encuentro con los periodistas previo a su participación en el curso 'Responsabilidad penal de las personas jurídicas', que se celebra esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) con el patrocinio de Banesto y la colaboración de la Asociación de Fiscales, la Asociación de Abogados del Estado y la Asociación Profesional de la Magistratura.
El fiscal recordó que las "líneas rojas" se establecen desde una perspectiva "estrictamente jurídica" y conforme a "criterios de legalidad". De esta forma, señaló que su departamento estudiará las "sucesivas actuaciones" respetando el derecho fundamental de la libertad de expresión que recoge la Constitución española, pero evitando que se produzcan acciones "vejatorias o injuriosas".
En este sentido, aseguró que no hay "ninguna perspectiva" de ilegalización, aunque aclaró que "esto no significa que no se esté investigando", con independencia de que haya un proceso electoral en curso. "Lo que transmiten las asociaciones de víctimas es su inquietud y su preocupación por determinadas coaliciones electorales que están en mente de todos, como Bildu o Amaiur", apuntó.
Sobre el posible cambio de la situación penal de Arnaldo Otegui, Narváez explicó que el pasado mes de mayo el Tribunal Supremo dictó una sentencia que rectificaba en parte otro fallo de la Audiencia Nacional y que mantuvo la condena del exportavoz de Batasuna por integración en banda armada. "Cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y será este el que tenga que pronunciarse", sostuvo.
Además, el fiscal no quiso hablar sobre el acercamiento de presos al País Vasco, ya que, a su juicio, la política penitenciaria es "una de las facultades" del Gobierno y del Ministerio del Interior, y defendió que el posible traslado "debe cumplir con las condiciones del ordenamiento penitenciario".
INDEMNIZACIÓN A CARLOS DÍVAR
A preguntas de los periodistas, el fiscal valoró las consecuencias desde el punto de vista de la imagen pública que puede tener la indemnización al expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Dívar tras abandonar su cargo, aunque reconoció que es una opinión "estrictamente personal" y que el pleno de este organismo es el "único órgano competente" para decidir si se cumplen los requisitos.
Por último, Nárvaez opinó que la intención del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de modificar el Código Penal para incluir la prisión permanente revisable está contemplada en otros ordenamientos europeos y no tendría "ningún obstáculo jurídico" siempre que respete la finalidad última de rehabilitación y reinserción social de los delincuentes.
