Obras Públicas anuncia que los PGOU de Argoños y Escalante estarán aprobados en 2020

Publicado 23/07/2019 13:51:31CET
Reunión de la Consejería de Obras Públicas con AMA
Reunión de la Consejería de Obras Públicas con AMAEUROPA PRESS

Los afectados por los derribos valoran como "muy positivas" las medidas propuestas por la Consejería y espera que sean "la solución definitiva"

SANTANDER, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, ha defendido la aprobación de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) como principal solución para el problema de los derribos en Cantabria. En su opinión, es "imprescindible agilizar" los planes generales de Argoños y Escalante, que estarán aprobados en 2020, y Piélagos, y se ha comprometido a que su "prioridad" en materia de urbanismo sea la aprobación de estos PGOU.

"Creemos que pueden dar solución sino a todos, sí a un buen número de viviendas, y creemos que debe ser el primer camino que debemos seguir y lo primero que debemos intentar", ha enfatizado.

Además, ha propuesto otra serie de medidas para avanzar en la resolución de esta problemática, como la alternativa de la mediación, la creación de una oficina para atender a los afectados, y remitir tasaciones de las viviendas que podrían ser derribadas a todos los propietarios.

Así lo ha dicho tras la reunión que ha mantenido hoy con representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), encabezados por su presidente, Antonio Vilela, y que es la primera que celebra el nuevo director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Francisco Gómez, puesto que desde este departamento se quiere dar "prioridad" y "atención preferente" a este colectivo, ha subrayado Gochicoa.

Un colectivo al que las propuestas de la Administración le han parecido "positivas, algunas muy positivas", pero que deben materializarse. "Pedimos al nuevo equipo que se hagan una realidad" porque "llevamos años esperando una solución y esperamos que esta vez sea la definitiva y se acabe con esta deuda histórica", ha señalado Vilela.

Como la Consejería, AMA sostiene que la solución a los derribos pasa por la aprobación de los PGOU y pide que se materilice este mismo año en los casos de Argoños y Escalante, y en el plazo aproximado de dos años en el de Piélagos porque es "más complicado".

En este sentido, el consejero ha precisado que el PGOU de Argoños se aprobará en 2020, "no creo que mucho más", porque aunque se ha agilizado la tramitación debe preservarse la seguridad jurídica, y el de Escalante también el año próximo, "incluso en 2019", dependiendo de la mediación.

Al respecto, ha puesto en valor la mediación como "una solución interesante en algunos casos", como el de Escalante, donde "entendemos que puede ser una opción bastante interesante para los afectados".

Por otra parte, Gochicoa ha explicado que hace una semana el Gobierno dispone de un equipo redactor para las viviendas de sustitución de Arnuero, de modo que los desalojados por derribos puedan contar con ellas. Además, "en dos o tres meses" la Consejería dispondrá de un proyecto básico.

Otra medida que contempla la Consejería recogiendo la petición de AMA es la creación de una oficina para la atención a los afectados que se situará en Gesvican, "que sabe cómo tratar este tipo de situaciones" tras asumir la oficina de emergencia habitacional. En ella, cualquier afectado podrá consultar y tener acceso directo en tiempo real a la información que requiera.

Finalmente, la Administración se ha comprometido a remitir este otoño a todos los afectados cartas de valoración de tasaciones del valor de las viviendas en el caso de que hubiera que derribalas. Unas cartas que se empezaron a enviar la pasada legislatura pero que no llegaron a todos los propietarios "por problemas de gestión interna" y de "internidad" derivada del proceso electoral.

Cochicoa ha precisado que el valor que figura en las tasaciones es el que ha Consejería entiende como "correcto", si bien no tiene por qué ser el último, sino que "significa el punto de partida que ofrece la Administración por esas viviendas en el caso hipotético de que tengan que ser derribadas". Se trata de cartas "a título informativo", y "no significan que nosotros no estemos luchando por seguir legalizando viviendas" en los PGOU mientras la situación legal así lo permita.

Por su parte, Vilela ha recordado que en los 20 años de andadura de AMA ya ha conocido a cinco consejeros y lo que quiere la asociación es "terminar con esta situación tan injusta que dura tantos años".

Las iniciativas expuestas hoy por la Consejería son, en su opinión, "muy positivas", pero ha matizado que "desgraciadamente, siempre que empiezan las legislaturas tenemos esa impresión" pero "luego es el tiempo el que dirá si se han cumplido esas expectativas" y "en el pasado eso no ha sido así". Se han "dado pasos", ha reconocido, pero ha asegurado que "estamos muy lejos de resolver el problema de los afectados".

Para AMA lo "prioritario" es acabar con el problema poniendo "todas las herramientas posibles a disposición de los jueces" para que éstos "puedan decir, de una vez por todas, qué viviendas pueden ser regularizadas, cuáles pueden ser viviendas de sustitución y las que haya que indemnizar sin pérdida de patrimonio de los afectados".

La "herramienta" para conseguirlo son los PGOU, muchos de los cuales "incomprensiblemente duermen el sueño de los justos", tras 15 ó 10 años, o incluso son inexistentes, como en Escalante. "Pedimos al nuevo equipo que ese impulso que han dicho que iban a hacer se haga una realidad", ha demandado.

Paralelamente, la asociación pide el desarrollo de los convenios creados con la Administración. En este sentido, ha valorado también "muy positivamente" la iniciativa de la mediación, como herramienta que "acorta mucho los tiempos y da soluciones reales a los ciudadanos", y se ha comprometido a impulsarla.

Vilela se ha congratulado de la Consejería haya recogido su petición de crear una oficina de atención al afectado, "un paso positivo".

Finalmente, ha considerado "imprescindible" no "despilfarrar" los recursos de los ciudadanos permitiendo construir en el mismo lugar donde una sentencia ha ordenado derribar.

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