Oria defiende la legalidad del anticipo a Tragsa y cree que el PP ha buscado un "chivo expiatorio"

SANTANDER, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, Jesús Oria, defendió hoy la legalidad del anticipo del pago a Tragsa para las obras del edificio Lagunilla, en Santander, que acogerá las dependencias de la Dirección General de Desarrollo Rural. En su opinión, con esta denuncia "absolutamente política" el PP lo que ha pretendido es buscar un "chivo expiatorio" que les viene "muy bien" ante sus problemas internos y de corrupción.

En declaraciones a los medios tras declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Oria explicó que el anticipo del pago a la empresa pública Tragsa para estas obras antes de que se iniciaran fue una medida que no les "quedó mas remedio" que adoptar ante la tardanza del Ayuntamiento de Santander en conceder la licencia de obra, que se demoró durante 14 meses.

El consejero reprochó al alcalde, Íñigo de la Serna, su falta de colaboración institucional, tras recordar que es algo de lo que "siempre habla" el regidor santanderino.

El titular de Ganadería reiteró que el anticipo del pago a Tragsa es "absolutamente legal" y es una fórmula que seguirán empleando. En este caso, admitió que se produjo un "error administrativo" en el uso de un formulario equivocado para esta operación, debido a que los anticipos no se suelen utilizar a menudo en su departamento.

Oria declaró durante aproximadamente 20 minutos ante el magistrado Santiago Pérez Obregón de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), asistido por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria y en un interrogatorio en el que participaron la fiscal superior de Cantabria, Teresa Calvo, y la representación legal del PP, partido que ha presentado la demanda por un presunto delito de falsedad documental.

Previamente, prestaron declaración el responsable de Tragsa, Fernando Martín; el secretario general de la Consejería, Fernando Martín; y el jefe de Servicio, Pedro Marzo.

A la salida, el consejero auguró que no será "el único" en pasar por los tribunales "de aquí a las elecciones" por los intentos del PP de "embadurnar" a los representantes políticos. Oria confía en el archivo de la causa y advirtió de que si se demuestra que la denuncia es falsa, se estudiarán en el seno del PRC las "acciones" que pudieran emprenderse contra el PP en respuesta.

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