Otañes y San Pantaleón de Aras, primeras juntas en regular la explotación de sus montes con convenios demaniales

((Atención abonados: Esta información sustituye a la anterior sobre el mismo tema por un error de ortografía en 'convenios demaniales' y, por otra parte, del órgano judicial al que deben de acudir aquellos afectados que reclaman la propiedad de las parcelas, que es de lo Civil y no de lo Social. Disculpen las molestias)). La información es como sigue: Otañes y San Pantaleón de Aras, primeras juntas en regular la explotación de sus montes con convenios demaniales Viérnoles tiene "bastante avanzado" el procedimiento para sumarse a esta regulación Las juntas vecinales de Otañes (Castro Urdiales) y San Pantaleón de Aras (Voto) se convierten en las primeras juntas vecinales de Cantabria en las que entran en vigor los convenios demaniales para regular la explotación por parte de particulares de parcelas forestales de propiedad pública, algo de lo que podrían beneficiarse unos 275 vecinos. A través de esta figura, que, en cumplimiento de la Ley de Montes sustituye a los antiguos consorcios forestales, en Otañes podrían conveniarse en torno a un millar de parcelas que podrían adjudicarse a 250 vecinos y en San Pantaleón de Aras se llegaría a unos 25 conveniantes. Así lo ha anunciado este viernes en una rueda de prensa la consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Blanca Martínez, y el director general de Montes, Javier Manrique, quienes han explicado que la Ley de Montes de Utilidad Pública, que entró en vigor en 2004, establecía que los consorcios forestales que caducasen no se podían renovar y debían ser sustituidos por los convenios demaniales. Para adaptarse a ello, el Gobierno de Cantabria sacó el 19 de marzo de 2012 la orden que regulaba la figura del convenio demaniales, que no es exclusiva para el aprovechamiento forestal sino también para otro tipo de usos. Según han explicado, estas dos juntas empezaron a trabajar desde la publicación de esta orden para la entrada en vigor de los convenios demaniales, una tramitación que ha durado casi un año y medio. La consejera ha reconocido que el proceso ha sido "bastante laborioso" pues "todos" han estado aprendiendo, si bien ahora confía en que los procedimientos para otras juntas o ayuntamientos puedan ser "mucho más rápidos". A preguntas de los periodistas, el director general de Montes ha explicado que se encuentra ya "bastante avanzado" el procedimiento de la Junta Vecinal de Viérnoles (Torrelavega) y también dos en Secadura (Voto) y uno en Solórzano. En la rueda de prensa, han explicado que pueden acogerse a esta figura "todos" los ayuntamientos y juntas que opten por esta forma de explotación de sus montes y han insistido en que la Consejería "no puede actuar de oficio, sino a petición de parte". Esto significa que deben ser los presidentes de las juntas vecinales interesadas o los alcaldes de los ayuntamientos los que deben iniciar el procedimiento y dirigirse al Gobierno regional. Han aclarado que, en otros casos, hay otros ayuntamientos que no van a usar esta figura pues son ellos los que van a explotar sus recursos forestales. A las dos juntas vecinales en los que entran en vigor ya los convenios demaniales se les ha comunicado esta semana. Los convenios tendrán una duración "variable" con una media de "tres o cuatro cortas" y son los ayuntamientos y juntas que los suscriban los que fijen el canon que deberán pagar los particulares por la explotación de estas parcelas de titularidad pública. Estos primeros convenios han sido comunicados este viernes por Ganadería en una reunión con alcaldes y presidentes de juntas vecinales con esta problemática y representantes de la Plataforma de Afectados por la Ley de Montes. En esta reunión sobre los avances a la hora de dar solución a los afectados por la Ley de Montes, también se ha informado de la conclusión de los informes de reclamaciones previas a la vía judicial que está realizando el Gobierno regional. Sin embargo, ha recordado a los ayuntamientos y juntas vecinales que el procedimiento no acaba aquí, pues es un procedimiento administrativo que en unos casos se estima y en otros no. Por ello, ha señalado que quienes tengan la pretensión de reclamar la propiedad de estas parcelas deben acudir a los Juzgados del Orden Jurisdiccional Civil y ha recordado que para aquellos afectados sin recursos existe la Justicia gratuita.

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