SANTANDER, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El exconsejero de Industria y expresidente de Sodercan, Miguel Ángel Pesquera (PSOE), miembro del Consejo de Administración de GFB entre 2004 y julio de 2007, ha asegurado que, en ese tiempo , en el proyecto de la fábrica de fibroyeso "no hubo ningún problema" y "ningún momento de insolvencia".
Así lo ha afirmado durante su declaración en el juicio que ha arrancado este martes en el Juzgado de lo Mercantil de Santander sobre el concurso de acreedores de GFB, declarado en 2009 y considerado, posteriormente, culpable por la Administración Concursal.
En contraposición a lo que ha sostenido Pesquera, la Administración Concursal sostiene que ya en 2005 hubo problemas de financiación y fue ya en 2007 cuando el proyecto entró "en quiebra" y en "insolvencia".
Pesquera ha asegurado que en el tiempo en que el estuvo implicado en el proyecto no hubo "ningún problema", sino "modificaciones" y "adecuaciones" a lo previsto inicialmente.
La Administración Concursal ha defendido que GFB debió presentar el concurso de acreedores ya "a últimos de 2007" y no en 2009 cuando se hizo, retraso que "agravó" la situación de la empresa.
A juicio de los administradores concursales, la "causa principal" de la insolvencia de GFB no fue la crisis internacional sino la elección de un "modelo de financiación inadecuado", "desastroso" y "sin ningún tipo de planificación" que no se corrigió en el tiempo.
La Fiscalía y la Tesorería General de la Seguridad Social se han adherido en el juicio a las calificaciones de la Administración Concursal.
La Seguridad Social ha retirado las calificación de todo aquello no incluido en el escrito de la Administración Concursal.
En el juicio no han comparecido dos de los miembros del Consejo de Administración de GFB imputados en el juicio: Max Fischer, que ha aleado enfermedad; ni el presidente de Euroamérica (el socio privado en el proyecto) , Sebastian Tena Pujol, que, según su abogado defensor, ha padecido una tromboflemitis al ir a coger el avión para desplazarse a España.
Al juicio, que se está celebrando en el complejo judicial de Las Salesas, tampoco ha acudido ningún representante legal de Sodercan, empresa dependiente del Gobierno de Cantabria que apoyo con fondos públicos el proyecto y a la que la Administración Concursal y la fiscal piden que se le condene, junto a Euroamérica, por el perjuicio causado por la contratación de 35 trabajadores para cobrar subvenciones.
