PGC.- Aprobada la Ley de Acompañamiento, que el PP considera una "coctelera" para cambiar leyes y crear tasas "abusivas"

SANTANDER, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos Regionalista y Socialista aprobaron hoy en el Pleno del Parlamento la Ley de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero para 2009, la conocida como Ley de Acompañamiento, tras rechazar previamente las ocho enmiendas presentadas al texto por el PP, que ve esta ley como una "coctelera" que el Gobierno utiliza para cambiar diversas leyes y crear tasas "abusivas".

El 'popular' Julio Bartolomé reclamó la supresión de esas nuevas tasas, la remisión individualizada al Parlamento de las reformas legislativas y la adopción de medidas fiscales en favor de los ciudadanos, pero PSOE y PRC respaldaron el proyecto del Gobierno y cuestionaron el impacto de las reformas fiscales planteadas por la oposición que, además, tacharon de "magia financiera". Según la regionalista Alodia Blanco, cuando el PP propone reducciones en el impuesto de actos jurídicos documentados plantea actuar sobre el "principal elemento recaudador" de la Comunidad pero no dice qué impuesto se debería subir a cambio o qué políticas habría que suprimir. Se trata, a su juicio, de "magia financiera" y, con ello, el Partido Popular demuestra su "falta de alternativa fiscal", porque si la tiene, no la ha presentado o se trata de una "alternativa en la intimidad".

En términos similares, la socialista Ruth Carrasco aseguró que la reforma del PP "beneficiaría poco a los contribuyentes" y, en cambio, sí que afectaría a la capacidad recaudatoria del Gobierno que, tal como recordó, se propone hacer una reforma fiscal global una vez esté aprobado el nuevo modelo de financiación autonómica.

En cuanto a las modificaciones de leyes, Bartolomé se opuso a que se planteen de forma global a través de este texto y recalcó que el Gobierno debe hacer los "deberes" a lo largo del año, remitiendo individualizadamente esas modificaciones. Pero este discurso resulta para Blanco "caduco, obsoleto y amortizado" y remitió al caso de Madrid, donde la Ley de Acompañamiento modifica 20 leyes.

Y por lo que respecta a las nuevas tasas y la subida de las correspondientes a residuos y saneamiento, PSOE y PRC rechazaron las críticas del PP y justificaron su necesidad.

"OPOSICIÓN RETROACTIVA"

Julio Bartolomé, que fue el último en intervenir hoy en el debate presupuestario, aprovechó por ello para hacer una reflexión general más allá de la propia Ley de Acompañamiento y para constatar la diferencia de criterios de Gobierno y oposición que, a su juicio, parten de "principios opuestos" y esto convierte el debate --en el caso de la Ley de Medidas Fiscales-- en un "diálogo de sordos".

En su opinión, durante el debate presupuestario PSOE y PRC se han dedicado a hacer "oposición retroactiva, oposición a los Gobiernos de Madrid y Valencia, al Ayuntamiento de Santander y a los gobiernos de Aznar", y se han escuchado desde ambos grupos "más descalificaciones que argumentos", en una "total huída" de los temas que se debían debatir.

LEY DE ACOMPAÑAMIENTO

La Ley de Medidas Fiscales y Contenido Financiero incluye modificaciones en media docena de leyes, así como la actualización, modificación y creación de varias tasas. Entre las leyes que propone cambiar están las de creación del ente Puertos de Cantabria, la de Régimen Jurídico, la de Función Pública, la de Consejos Escolares, la de Ordenación Sanitaria y la de Control Ambiental Integrado.

En cuanto a las tasas, al margen de las nuevas y las modificaciones, se contemplan actualizaciones en las de basuras y saneamiento.

Así, la tasa de residuos urbanos sube un 18 por ciento para ir actualizando progresivamente esta tasa al coste real del servicio; mientras el canon de saneamiento se incrementa un 5 por ciento. Sumados ambos conceptos, cada cántabro pagará el próximo año 30 céntimos al mes más que ahora.

El Partido Popular, por su parte, se oponía a la modificación de leyes a través de esta norma y al incremento de tasas por encima de la subida general del 3,5 por ciento. Además, proponía una reducción del 70 por ciento en el impuesto de actos jurídicos documentados para menores de 30 años, familias numerosas o personas con discapacidad, una reducción que ya existe para la compraventa y se extendería de esta manera a la constitución de la hipoteca.

Asimismo, en el impuesto de donaciones planteaba reducciones de hasta el 90 por ciento entre familiares de primer y segundo grado, y del 99 por ciento cuando sean donaciones en efectivo de padres a hijos para la adquisición de la primera vivienda o para apoyarles como emprendedores.