SANTANDER, 25 May. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha recurrido ante el Tribunal Supremo el auto de archivo de la querella contra el ministro de Fomento y exalcalde de Santander, Iñigo de la Serna, y otras autoridades por varios delitos de corrupción en actuaciones públicas en relación a la construcción del Centro Botín.
En su auto del pasado 28 de abril, el Supremo se pronunció exclusivamente sobre De la Serna por su condición de aforado, y declara su falta de competencia respecto al resto de personas incluidas en la querella, entre ellas todos los miembros del Patronato del Centro Botín, y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que también lo era cuando en el año 2010 se inició la tramitación de dicho centro cultural.
Además, la Plataforma, como acción popular, presentó querella contra la exvicepresidenta regional, Dolores Gorostiaga; el expresidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe; y los expresidentes de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), Christian Manrique y José Joaquín Martínez Sieso.
El colectivo les imputaba a todos ellos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, contra los recursos naturales y medio ambiente, contra el patrimonio cultural e histórico, ordenación del territorio y urbanismo, y daños, por los procedimientos administrativos y actos conexos desarrollados en la construcción del centro cultural en el Muelle Albareda de Santander.
El Supremo ordenó el archivo de la querella al considerar que "no aporta en relación con los delitos imputados ni el más elemental principio de prueba, indicio o sugerencia", y al entender que al dirigir la querella encabezando al hoy ministro se ha pretendido "atraer la competencia de esta Sala, con la pretensión de apertura de una "causa general" a toda una actuación administrativa, con fundamento en inconcretas afirmaciones".
En su recurso, consultado por Europa Press, la Plataforma denuncia la concurrencia en este asunto de "conductas social y éticamente dañinas que falsean el procedimiento como torticero artificio para dotar de apariencia legal lo que sólo era capricho de un poder no elegido".
Así, reitero que "los celéricos e ilícitos trámites seguidos con el Muelle Albareda y su final, son indicio de una evidente trama que, urdida en varios expedientes, da forma a un delito continuado o un delito masa y, en el contexto penal, obliga a valorar todos los hechos uno a uno y, en especial, de forma conjunta".
Hechos y argumentos que considera "suficientemente desarrollados" en la querella, y que a su entender "no han sido debidamente analizados" en el auto de archivo de la querella. A la vez, la plataforma expresa su queja al considerar lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva, "a los efectos de un posible recurso de amparo constitucional".
