PP asegura que Gobierno ya ha iniciado los trámites para vender el hospital Parayas

Isabel Urrutia, diputada del PP
PP
Publicado 30/10/2018 12:54:40CET

SANTANDER, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha contradicho este martes al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) y ha asegurado que la decisión del Ejecutivo de vender la finca que acoge el Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas (Camargo), y las construcciones que acoge, "ya está tomada" y, de hecho, afirma que ya se han "iniciado" los trámites para hacerlo.

Así lo ha afirmado, en rueda de prensa, la diputada autonómica del PP Isabel Urrutia, quien ha mantenido que el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota (PSOE), "mintió" el lunes en el Pleno del Parlamento cuando, interpelado por los 'populares' sobre este asunto, aseguró que "no hay nada decidido".

Urrutia ha insistido en que, "a pesar de las mentiras de Sota", la venta del hospital Parayas, cerrado desde 2016, "no es una sospecha" o un "rumor", sino una "certeza" y un "hecho".

Ha asegurado tener "pruebas contundentes" que lo demuestran como, en su opinión, es una documentación que ha entregado a los medios de comunicación, y que, según su versión, fue solicitada por el propio Gobierno a su Servicio de Patrimonio para poder llevar a cabo la venta.

El PP ha mantenido que el proceso de venta se inició como mínimo en octubre de 2017, que es cuando, según la documentación entregada por Urrutia, se expide el certificado que establece que la finca donde se encuentra el Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas es de titularidad pública.

Los 'populares' han entregado a los periodistas una copia de este certificado, en el que se señala que la finca del Centro de Rehabilitación Psiquiátrica, ubicada en la Avenida de Juan Carlos I de Maliaño (Camargo), es un bien de dominio público y 100% propiedad de la comunidad autónoma.

En el documento, tamién incluye una inscripción y una descripción registral, una referencia catastral y la superficie del terreno --que, según se indica, es de 150.000 metros cuadrados según el registro y de 146.037 m2 en base al catastro--.

Según ha explicado Urrutia, se trata de un trámite necesario para iniciar un proceso de venta. "Nadie que no quiera vender solicita la certificación de titularidad, de propiedad, de adscripción y menos una valoración y certificación de situación", ha defendido.

La diputada ha insistido en que alguien que vaya a invertir en el centro para convertirlo en una dotación sociosanitaria de titularidad pública --como, según ha dicho, el Gobierno se comprometió a hacer cuando cerró en 2016 el centro psiquiátrico-- no hace una certificación de una propiedad, si es suya y se la va a quedar.

"Quien tiene pensamiento de destinar un edificio de su propiedad a una dotación sociosanitaria para que se siga manteniendo en el sistema público sanitario lo que hace es un plan de rehabilitación e inversión de futuro para tener las mejores instalaciones", ha insistido.

La documentación que, según el PP, prueba este proceso de venta incluye también una relación del inventario del inmueble --que incluye, según la documentación entregada dos fincas y 15 construcciones-- hecha por el Gobierno regional para esta operación, según la versión de Urrutia.

En la documentación aportada, figuran planos, datos de las características y valoración contable de cada uno de los terrenos y construcciones del inmueble. Según la información entregada, el valor total del activo asciende a 20.426.087 euros

Así, hay información de los dos terrenos --el que acoge el hospital psiquiátrico y una finca anexa-- y de las construcciones, como el edificio principal, las unidades residenciales, un edificio destinado a talleres del centro y una casa en ruinas.

También se realiza una descripción del centro de menores, dependiente del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), que hay dentro de la finca y que, según reveló Sota, ha sido segregado, "un requisito indispensable", según Urrutia, "para poder vender". "No iban a vender la parcela con el centro de privación de libertad de menores dentro", ha añadido.

Urrutia ha señalado que esta documentación se une a otras evidencias que, a su juicio, prueban este inicio del proceso de venta, como que, después de clausurar el hospital Parayas, también se cerró en el verano de 2017 el centro de día para personas en situación de dependencia.

Además, la diputada ha señalado que durante los dos años transcurridos desde el cierre del hospital Paraas se ha permitido el "saqueo" de las instalaciones de Parayas sin que se haya puesto por parte del Gobierno "ninguna medida" de seguridad para evitar robos. "Han permitido que se lleven hasta las cocinas", ha aseverado.

"Han estado dos años con un edificio abandonado, con instalaciones vacías, sin invertir nada, ni tan siquiera seguridad, y en vez de trabajar en estos dos años en un plan de rehabilitación e inversión de futuro han estado trabajando en diseñar un plan para deshacerse de lo público, un plan para vender Parayas", sostiene el PP.

La postura del PP, según ha señalado Urrutia, es clara "no perder Parayas como dotación sociosanitaria del sistema público de salud, y no perder la titularidad pública de la finca que alberga el centro".

CRÍTICAS A REAL POR SU "FALTA DE VALENTÍA"

Además, también ha criticado la "falta de valentía", el "hermetismo, el oscurantismo y la falta de transparencia" mostrada, a su juicio, en el Pleno por parte de la consejera de Sanidad, María Luisa Real (PSOE), por no ser ella quien saliera a dar explicaciones pese a que el bien está adscrito a la Consejería de Sanidad.

"Otra vez, se esconde, otra vez no da explicaciones, y otra vez utiliza todas las artiñamas posibles para que los temas le resbalen y la toquen cuanto menos mejor", ha lamentado.

Para Urrutia en parte tiene que ver con que a Real "le ha sentado mal" la venta de Parayas "porque la han pillado en otra". "Su cabreo ha sido monumental porque ella quería que la decisión fuera un secreto y no le salpicara", ha afirmado.