Sáenz de Buruaga denuncia que la nueva modificación de la Ley del Suelo pretende pasar "oculta" en la Ley de Acompañamiento
SANTANDER, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, denunció hoy que el Gobierno regional pretende introducir a través de la Ley de Acompañamiento una nueva reforma de la Ley del Suelo que autorizará la aprobación de proyectos singulares de interés regional (PSIR) en suelo rústico de protección especial, lo cual, a su juicio, supone "eliminar la última traba y saltar el último escollo a la barra libre, al PSIR para todo".
En rueda de prensa, la diputada regional criticó que la reforma pretende pasar "oculta, envuelta" en el proyecto de ley de Medidas Fiscales y en las enmiendas presentadas al texto por los grupos Regionalista y Socialista, y pidió al Gobierno que explique la razón de este nuevo cambio de la Ley del Suelo "cinco meses" después de la anterior reforma.
El Gobierno "debe explicar qué se esconde tras este cheque en blanco, qué proyectos o negocios tiene en mente para esos terrenos que algún día se decidieron proteger, y qué nuevos intereses han aparecido que no existían cuando se aprobó el POL --y se modificó la figura del PSIR-- o hace cinco meses", recalcó Sáenz de Buruaga.
Según señaló, la modificación que se propone a través de la Ley de Acompañamiento permitirá la aprobación de PSIR en suelos rústicos de protección especial en aquellos municipios cuyos planeamientos no hayan sido sometidos a evaluación ambiental, es decir, los que tienen planeamientos antiguos, no revisados.
Para ello, bastará con un informe 'ad hoc' que elaborará el propio Gobierno y la decisión quedará así "al arbitrio" del Ejecutivo. "Estamos allanando el camino no sé muy bien a no sé qué, y nos gustaría que el Gobierno dijera en qué proyectos está pensando", apostilló la diputada 'popular'.
La modificación se planteaba ya de partida en el proyecto de ley remitido por el Gobierno a la Cámara, y se "relaja mucho más" a través de una enmienda de PSOE y PRC.
Frente a ello, Sáenz de Buruaga invitó al Ejecutivo a una última reflexión, le pidió "transparencia, responsabilidad y respeto hacia el territorio y el medio ambiente", y le instó a aceptar la enmienda del PP que propone la supresión de esta modificación de la Ley del Suelo.
"NUEVO ABUSO Y TROPELÍA"
La secretaria general de los 'populares' cántabros lamentó que este cambio que propone el Gobierno representa una "tropelía" y un "nuevo abuso" en las sucesivas modificaciones que han ido sufriendo los proyectos singulares de interés regional en los últimos seis años, un tiempo en el que los PSIR "han dejado de ser un instrumento al servicio de los cántabros para convertirse en un instrumento al servicio de los intereses del Gobierno".
Según recordó, en la redacción original de la Ley del Suelo, del año 2001, el PSIR era una figura "absolutamente excepcional" limitada a instalaciones industriales y grandes equipamientos y sólo para suelos urbanizables o rústicos de protección ordinaria.
Con el POL, esta figura se modificó para ampliarla también a suelo urbano y a proyectos de construcción de vivienda protegida; y en la Ley de Acompañamiento del 2005 "se pretendió exonerar a los promotores de sus deberes urbanísticos", una medida en la que el Gobierno "tuvo que dar marcha atrás al toparse con el recurso de inconstitucionalidad" del PP.
Ahora, meses después de la última reforma de la Ley del Suelo (la relativa a la construcción y rehabilitación de viviendas unifamiliares en suelo rústico), el Gobierno plantea, en palabras de la diputada, "una nueva vuelta de tuerca, quizás la última y definitiva".
"A mí no se me ocurre nada más para dar puerta abierta a la generalización del PSIR sin límite alguno", censuró Sáenz de Buruaga, quien lamentó además que esas sucesivas modificaciones no han servido para poner en servicio más suelo industrial o construir vivienda protegida.
"DE OCURRENCIA EN OCURRENCIA"
La diputada afirmó que la política urbanística del Gobierno va "de ocurrencia en ocurrencia, sin modelo", y las modificaciones de la Ley del Suelo se han sucedido desde 2003 "apartándose del necesario consenso" con el que se aprobó la norma en el 2001, "con el único objetivo de acaparar más poder sobre la política urbanística por parte del Gobierno, y en particular del PRC", y con la premisa de "primar los intereses particulares sobre el interés general".
Y en el caso de esta nueva modificación, denunció además que se pretende hacer "por la puerta de atrás, de espaldas a los principales afectados (los ayuntamientos), bajo los mínimos controles jurídicos y sin el pronunciamiento" del Consejo Económico y Social (CES), que rechazó dictaminar sobre aquellos apartados de la Ley de Acompañamiento que, a su entender, merecían una tramitación aparte.
Lo que ocurre, a su juicio, es que el Gobierno no tiene modelo de ordenación territorial, y ejemplo de ello es la falta del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT). Con ello, lamentó que se "ha condenado" a Cantabria a la "parálisis", ya que sólo hay cuatro planes generales adaptados.
Además, recordó que las NUR están "anuladas"; el Gobierno acumula "años de dejación" en relación a las sentencias de derribo, en las que sigue sin dar "solución definitiva"; y "mantiene el bloqueo" a la vivienda unifamiliar en suelo rústico".
En definitiva, consideró que el Gobierno ha sido "incapaz de resolver un solo problema" en materia urbanística y su política se ha definido por la "confrontación" entre instituciones, los "atentados contra la autonomía municipal", la "parálisis y la inseguridad jurídica".
