SANTANDER, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
El diputado popular, Luis Carlos Albalá, ha afirmado este viernes que no van a "callar" a su grupo parlamentario en la Comisión de Investigación de Cantur porque la gestión que realizó el Gobierno anterior PSOE-PRC fue "irresponsable" y "tendenciosa".
"La gestión de Cantur no sólo no ha sido eficiente sino que ha sido descuidada, cuando no irresponsable e insensata, además de caprichosa y tendenciosa a favor de ciertas personas y empresas en adjudicaciones carentes de la más mínima objetividad y por tanto, totalmente alejadas de la defensa del interés general", ha denunciado, reiterando que, por estos motivos, "no nos van a callar" y el PP seguirá "adelante" con la Comisión.
Albalá se ha pronunciado así en una rueda de prensa en la que ha asociado el nombre de 'Calabria' (empleado por el exconsejero de Cultura y Turismo regionalista, Javier López Marcano, en lugar de Cantabria) a varias adjudicaciones en la etapa del citado exconsejero así como a las diligencias judiciales por un supuesto pago de comisiones en las obras de la Universidad Pontificia de Comillas que fueron archivadas provisionalmente.
En su opinión, Marcano debería dar explicaciones públicas sobre estos asuntos "si quiere" y también el expresidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, como "máximo dirigente" del Gobierno entonces porque, "utilizando sus propias palabras, Revilla, o es un incapaz que no se enteraba de nada o es un presunto delincuente si lo conocía", ha dicho Albalá en alusión a las declaraciones del regionalista sobre los ERES de Andalucía.
Como ejemplo de lo sucedido en Cantur, se ha remitido a la comparecencia de Sergio Vélez, proveedor de servicios del Gobierno anterior, que "sin ningún tipo de adjudicación" facturó en ocho años más de diez millones de euros en 1.600 facturas por servicios "tan sorprendentes como increíbles por variopintos" y a unos precios "totalmente fuera de mercado". "¿Calabria?", ha preguntado en referencia al término utilizado por el exconsejero para referirse a la denuncia del 'popular' Carlos Bedia que, en el transcurso de la comisión de Investigación, leyó y difundió documentación relacionada con un caso ya archivado para aludir a una presunta trama de cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras en el entorno de López Marcano.
Siguiendo en este contexto de adjudicaciones "caprichosas", Albalá también se ha referido a la comparecencia de Pablo Sámago, otro proveedor de servicios, que facturó con su empresa "cientos de miles de euros" al mismo tiempo que cobraba como alto cargo nombrado por Marcano. Al hilo, el 'popular' ha denunciado que Sámago estaba en la Gerencia del Consorcio de Museos de Cantabria pero no ejerció el cargo durante los seis años que estuvo contratado como demuestra que la única empleada del consorcio afirmara ante un juez que nunca le conoció. "¿Calabriada?".
DILIGENCIAS POR COMISIÓN
En la misma comparecencia, el diputado del PP Carlos Bedia puso de manifiesto unas declaraciones que aparecen en unas diligencias del Juzgado de Instrucción de Medio Cudeyo en las que se relaciona a Sámano así como a Marcano y su exjefe de Gabinete, Vicente Peña, en un asunto de intermediación para la adjudicación de obras en la Universidad Pontificia de Comillas a cambio de una comisión de un millón de euros, recogido en un contrato documentado y reconocido por el propio Peña.
"Ni somos jueces ni esa es nuestra misión", ha subrayado Albalá, quien se ha remitido al auto de archivo provisional de la causa, en el que la jueza afirma que de las diligencias se ha constatado que "el señor Peña realizó labores de mediación para la obtención de al adjudicación de la carpintería metálica en la obra de la Universidad Pontificia", que se "entrevistó en varias ocasiones con los técnicos directores de la obra pero que dicha mediación no fructificó" y que "todos los imputados han reconocido que Peña alardeaba abiertamente de las conexiones políticas con el consejero (Marcano) y la consecuente facilidad en la obtención de la adjudicación".
Igualmente la jueza constata que "la fijación de un precio de mediación de un millón de euros se fundamenta en los contactos del mediador Peña y la garantía que suponía para la segura obtención de la adjudicación de las obras".
Además, Albalá ha leído el informe de la Guardia Civil que obra en las diligencias, en el que se afirma que en la entrevista con el arquitecto de las obras de Comillas, Eduardo Fernández, éste "expone que recuerda haber recibido a unos señores de Zaragoza, que lo hizo por mediación de un tal García (a quien Albalá desconoce) y Pablo Sámano y que en la obra ha visto varias muestras".
Sin embargo, en el auto, la jueza señala que, "pese a lo anterior", debe declarar el sobreseimiento provisional" porque "las únicas personas que pudieran aclarar tales extremos han fallecido". Por lo que, ha recalcado el diputado, el archivo provisional "ni quita ni pone razones" y "ni añade ni resta verosimilitud" al contenido. "¿Calabria?".
Es aquí, ha recordado, cuando se produce la "airada" reacción de Marcano y del diputado regionalista, Rafael Pérez Tezanos, contra el "mensajero", Bedia, que no contra quien ha hecho las "gravísimas afirmaciones" en las diligencias judiciales, que es Humberto Martínez, vocal del PSOE en la Junta Vecinal de Lusa (Castro Urdiales).
Los 'populares' están "a la espera" de conocer las acciones judiciales que Marcano o el PRC interpondrán contra Martínez "en defensa de su honor".
AIRADA REACCIÓN REGIONALISTA
Y en relación a esta "airada" reacción de Marcano y Tezanos, el PP ha manifestado su sorpresa por los argumentos del primero, observando que "excusatio non petita, acusatio manifiesta", que no aportó más datos que sus palabras y que solo llevó a cabo una "autodefensa encendida de su honorabilidad" cuando "nadie ha formulado acusación alguna en relación con los hechos de las diligencias archivadas".
Sin embargo, Albalá opina que el exconsejero debería explicar hechos que quedaron acreditados en la citada sesión de la comisión, como el contrato de Sámano de gerente del Consorcio de Museos y si su puesto de trabajo era "virtual", una "relación laboral fraudulenta para encubrir una prestación económica por otros trabajos"; cómo, con un cargo vinculado al Gobierno, realizó operaciones con su empresa privada con entidades públicas por valor de "centenares de miles de euros"; y si es "lícito o ético" que Sámano, que tiene relación empresarial con el hijo de Marcano, desarrolle negocios con las empresas y entidades públicas dirigidas por el propio exconsejero.
"¿Se puede hacer pasar por víctima de prácticas totalitarias quien está siendo investigado en su gestión por una comisión parlamentaria?", se ha preguntado Albalá, para quien "la única víctima han sido los ciudadanos, cuyos recursos se han gestionado de esta forma arbitraria y abusiva".
CRISPACIÓN
A preguntas de la prensa sobre el tono que están adquiriendo las sesiones de la comisión, Albalá ha opinado que "la mejor manera de lograr titulares y fotos es llamar a una persona delincuente, enfermo, montar el teatrillo de levantarse y señalar con el dedo a media Comisión".
En su opinión, hechos como éstos y consideraciones como las de la diputada socialista, Cristina Pereda, o el diputado regionalista Rafael Pérez Tezanos, que dicen que la Comisión es "un circo" demuestran una "total falta de respeto al Parlamento".
Además, para Albalá, el Parlamento es el lugar "idóneo" para investigar al Gobierno y "quien lo niegue tiene las convicciones democráticas oxidadas", ha afirmado.