SANTANDER, 15 May. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular de Cantabria ha solicitado una pena de quince años de inhabilitación para empleo o cargo público a cada uno de los dos exaltos cargos del Servicio Cántabro de Salud acusados de un presunto delito continuado de prevaricación administrativa, por supuestas irregularidades en contratos de obras y servicios del SCS durante la pasada legislatura.
Por estos hechos, están imputados el que fuera subdirector de gestión económica del SCS Francisco Javier González y el exdirector de la Gerencia de Atención Primaria Alejandro Rojo, para los que la Fiscalía reclama 14 y 11 años de inhabilitación, y el PP -personado como acusación particular en esta causa- 15 años a cada uno, según su escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press.
La diferencia de la pena solicitada por el ministerio público es que considera a Rojo autor de prevaricación administrativa, y a González, del mismo tipo pero continuado, como aprecia en ambos casos la formación política, que gestionó la Consejería de Sanidad entre 2011 y 2015.
Durante el anterior mandato, el departamento estuvo al mando de la socialista María Luisa Real y las presuntas irregularidades salieron a la luz en 2018, después de hacerse público el correo electrónico que la jefa de Contratación del SCS --una funcionaria, que acumulaba 35 años de servicio y se acababa de jubilar-- remitió a la consejera de Sanidad meses antes, denunciando lo que estaba sucediendo en su departamento.
Al trascender los hechos no solo dimitieron de sus cargos los dos sospechosos, sino también el entonces gerente del servicio, Julián Pérez Gil.
La titular del Juzgado número cinco de Santander que instruyó la denuncia de la Fiscalía también imputaba por el mismo delito al asesor externo Álvaro Saez de Viteli, que falleció con posterioridad.
Las presuntas irregularidades se apreciaron en contratos menores para el pintado de centros de salud y las obras de ampliación del hospital virtual de Valdecilla; así como la compra de 22 ecógrafos; y las asistencias técnicas del citado consultor.
El ministerio público entendió que se había producido un fraccionamiento indebido de los mismos y que algunos se habían adjudicado a tres empresas con idénticos administradores, uno de ellos hijo del alcalde socialista de Suances, según denunció en su día el PP.
Este partido considera que entre los años 2015 y 2017 el entonces subdirector de Gestión Económica realizó propuestas de adjudicación de contratos de asesoramiento para "favorecer ilícitamente" a Saez de Viteri, con el que tenía "cierta relación de amistad" desde que coincidieron en la Sanidad del País Vasco.
Así, "eludiendo todas las garantías del estado de derecho a fin de garantizar un procedimiento de contratación ajustado a derecho", incoó diversos expedientes de contratación de asesoramiento externo en la redacción de pliegos Laboratorios Valdecilla, para los contratos relativos a equipos y materiales de diagnóstico biológico, y en preparación de pliegos para el ciclotrón.
Y lo hizo, según añade el PP en su escrito de calificación provisional, con el objetivo de "adjudicar directamente dichos contratos a su amigo", en concreto "omitiendo conscientemente las formalidades de contrato mayor" y "recurriendo al fraccionamiento artificioso" de los mismos, asegurándose así que el consultor "se embolsó de las arcas públicas las cantidades de 7.139, 10.890 y 13.310 euros".
Además, los 'populares' creen que los dos procesados procedieron, en noviembre de 2017 y de muto acuerdo, a proponer la adjudicación y firma de cuatro contratos con tres mercantiles para ejecutar obras de reparación y conservación en los centros de salud Dobra, San Vicente, Zapatón y Dávila, a pesar de que las mismas estaban "sobradamente incluidas" en el contrato que "muy pocos meses antes" suscribieron ambos directivos del SCS con otra empresa.
Y "con el mismo propósito criminal", el subdirector de gestión económica fraccionó la adquisición de 22 ecógrafos destinados a otros tantos centros de salud mediante igual número de contratos, adjudicados a solo dos empresas, la mitad a cada una.
Así, "se fraccionaba cada adquisición para adjudicar arbitrariamente dichos contratos sin ningún control, pero manteniendo las ventajas económicas de la compra conjunta", remarca el PP.
Para finalizar, destaca que una de estas firmas modificó posteriormente su objeto social ya que inicialmente se dedicaba a la elaboración de vinos, licores, cervezas y toda clase de bebidas alcohólicas, en bodegas, fábricas o destilerías.
