El PP pide al Gobierno que conteste las alegaciones al canon de saneamiento y lo aplique a las empresas de forma gradual

SANTANDER, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del PP, Ignacio Diego, reclamó hoy al Gobierno, y en particular a la Consejería de Medio Ambiente, que conteste de forma razonada al centenar de alegaciones presentadas desde distintos estamentos de la sociedad cántabra al canon de saneamiento; que atienda la recomendación del Consejo Económico y Social (CES) sobre su aplicación gradual a las empresas; y que realice una campaña informativa "urgente" para dar a conocer a los ciudadanos la normativa que regula este nuevo impuesto.

Además de estas "recomendaciones", Diego pidió al Gobierno que entregue dicha regulación, aún pendiente de aprobación, a los ayuntamientos y la entidades gestoras del agua en Cantabria para que lo puedan aplicar "con rigor y con las garantías jurídicas suficientes".

El líder del PP recordó que los ayuntamientos, que serán los encargados de cobrar este tributo, "aún no conocen el contenido del decreto, luego no saben cómo deben aplicar el canon con las debidas garantías", lo que a juicio de la oposición constituye un "despropósito", máxime cuando el consejero de Medio Ambiente, José Ortega, anunció esta semana la inminente aprobación y puesta en marcha del canon.

Diego añadió que el Gobierno de coalición PSOE-PRC "ha necesitado tres años" y tres Leyes de Acompañamiento para poder aplicar este canon y afirmó que su "chapucera" tramitación "lleva implícita una falta de respeto hacia la sociedad". En este sentido, indicó que en el periodo de información pública se presentaron del orden de 100 alegaciones al reglamento del canon y, "ocho meses después, aún no han sido contestadas, a pesar de que el director general del Ciclo Hidráulico dijo que ya tenía la contestación redactada".

Asimismo, afirmó que en la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales de 2004 se incrementó el canon un 19%, "lo mismo" que la subida de sueldos de los altos cargos del Gobierno, mientras que en la Ley de Acompañamiento de 2005 se incrementó el IPC y se introdujeron "notables cambios", entre ellos el cobro del canon a todos los cántabros, independientemente de que gocen o no de servicio de saneamiento y depuración.

Diego puso como "ejemplo palmario" el de los vecinos de Suances, que sin tener saneamiento ni depuración tendrán que pagar el canon "como uno más". Al mismo tiempo, afirmó que la Ley de Acompañamiento de 2006 sirvió para "corregir los graves errores jurídicos que llevaban a este canon a la ilegalidad y hacían imposible su aplicación".

TRIBUTO "INJUSTO E INSOLIDARIO"

A juicio del PP, todas estas modificaciones hacen del canon un tributo "injusto", tanto por la subida como por su "generalización", y también "insolidario y carente de toda sensibilidad social", ya que el impuesto será "más gravoso cuanto más numerosas sean las familias" y además "se añade al aumento del gas natural o del transporte que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha impuesto a todas las familias".

En esta misma línea, Diego agregó que las empresas se verán obligadas a repercutir el canon de saneamiento en sus costes de producción y, por consiguiente, en el precio final que las familias pagan por los productos.

Todas estas cuestiones evidencian, a juicio del PP, "un afán recaudatorio por parte del Gobierno y una evidente voluntad de confundir a los ciudadanos" al "utilizar" a los Ayuntamientos para que cobren un impuesto que irá a parar en su totalidad a las arcas regionales. Asimismo, Diego denunció la "ausencia absoluta de debate e información a los ciudadanos", que por otro lado son "propias" -añadió- del Gobierno socialista y en concreto del "chapucero" consejero de Medio Ambiente.

En cuanto al papel de los ayuntamientos, señaló que "nos utilizan dos veces, ponemos la cara (ante los ciudadanos) y además nos cuesta (dinero)". En este sentido, el presidente regional del PP y alcalde de Astillero recordó que en las alegaciones presentadas por la Federación de Municipios, los ayuntamientos reclaman "el resarcimiento del coste de la cobranza", además de otras cuestiones como la aplicación de bonificaciones a las familias numerosas.