El PP reclama la implicación del Gobierno central para el mantenimiento del empleo en Bridgestone

Actualizado: viernes, 9 octubre 2009 15:55

Invita a PSOE y PRC a consensuar una iniciativa parlamentaria que también llevarán a los ayuntamientos de Torrelavega y Reocín

SANTANDER, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP cántabro, Ignacio Diego, reclamó hoy la implicación del Gobierno central a través de una apuesta "decidida y firme" para asegurar el mantenimiento del empleo en la planta de Bridgestone de Puente San Miguel, tras el anuncio de la dirección de la fábrica de cerrar la línea de producción de neumáticos ligeros destinados a camionetas.

Para demandar esa implicación, el Grupo Popular quiere consensuar una iniciativa parlamentaria en la Cámara cántabra que se reproducirá también en los ayuntamientos de Torrelavega y Reocín.

El líder de los 'populares' en Cantabria recordó que el Gobierno central "está implicado" en evitar la reducción de puestos de trabajo en la planta de Opel en Figueruelas y en la de Fasa (Renault) en Valladolid, con lo cual pide también implicación para Bridgestone en Puente San Miguel.

"Si Zapatero niega a Cantabria el AVE, las ayudas para Valdecilla y los fondos de cohesión, si nos reduce los fondos para la Fundación Comillas y no nos hace caso en sacar adelante la Autopista Dos Mares, cuando menos no le niegue a los cántabros una decidida y firme apuesta por el mantenimiento de todos los puestos de trabajo" en Bridgestone, deseó Diego.

Junto a ello, también reivindicó que el Gobierno regional se implique "al máximo" y abogó por "sumar fuerzas y unir esfuerzos" entre los grupos parlamentarios.

En esta línea, el portavoz parlamentario del PP, Francisco Rodríguez, se ha puesto en contacto con los portavoces de PRC y PSOE, Rafael de la Sierra y Francisco Fernández Mañanes, para reunirse el próximo martes, día 13, e invitarles a sumarse a una iniciativa conjunta.

Lo que propone el PP es instar a los gobiernos central y regional a realizar "cuantos esfuerzos sean necesarios" para impedir que se materialice la "amenaza" de la empresa, ya que supondría "un grave deterioro económico y social" para la comarca y una "enorme pérdida" de puestos de trabajo.