De la Sierra cree que el PP trata de "hinchar un globo absolutamente pinchado"
SANTANDER, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Rafael de la Sierra, considera que es "imposible al 100%" que se produzca corrupción en la encomienda a la empresa pública estatal Tragsa del expediente para el edificio Lagunilla, donde se pretende ubicar la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería Pesca y Biodiversidad.
Las denuncias del Partido Popular, que hoy ha pedido una comisión de investigación en el Parlamento sobre el edificio Lagunilla y las relaciones entre el Gobierno y Tragsa, son para el PRC un "nuevo intento" de utilizar la "tinta del calamar" para ocultar los problemas de su partido, entre los que citó al tesorero nacional y senador por Cantabria, Luis Bárcenas. Se trata, aseveró, un intento de "hinchar un globo absolutamente pinchado". De la Sierra recordó que Tragsa es una empresa estatal con la que se actúa como un medio propio de las administraciones, por lo que no hay riesgo de que el dinero adelantado "se pierda", así que rechazó apoyar la petición del PP de una comisión de investigación.
Respecto al uso del sistema de certificaciones de obra pese a que no estaban ejecutadas, el portavoz parlamentario insistió en la tesis de que el Gobierno se "confundió" al marcar esa casilla en lugar de la correspondiente a adelantos de pagos.
Además, incidió en que los retrasos en el inicio de las obras se han producido debido a la tardanza del Ayuntamiento de Santander en conceder la licencia de obra.
Según detalló, en febrero de 2008 se hizo la primera solicitud, pero el Consistorio les "exigió" un anticipo de una cantidad, que se pagó en junio, pero no se dio por solicitada hasta que se abonó el 100%, y desde entonces se sigue sin respuesta a esta petición.
"TODO CORRECTO"
De la Sierra insistió en que el "error" en el documento "no altera en absoluto la naturaleza de la operación" y no afecta a los fondos de la Administración Pública.
En caso de que no se ejecutara la obra en el edificio Lagunilla, que aún no ha comenzado, el dinero se devolvería o se compensaría "sin ningún problema" con otras encomiendas de trabajos, en función del acuerdo de colaboración entre Cantabria y Tragsa, que el último año recibió 17 millones de euros de la Administración regional.
"No hay absolutamente nada, todo es correcto", insistió De la Sierra, quien señaló que "en absoluto existe ni siquiera la posibilidad de una disposición irregular de dinero público".
El portavoz regionalista aseguró que las cuatro firmas de las certificaciones de obra --la del Jefe de Servicio, el secretario general técnico, el consejero y el director de Tragsa-- son una "garantía" de que "las cosas se están haciendo bien".
Por tanto, tildó de "falacia" la "idea" que se pretende transmitir de que haya un "enriquecimiento ilícito", e indicó que "no tiene utilidad" el haber cometido este error "de forma consciente", por lo que achacó que se haya producido a que "no se habrán dado cuenta".
TRAGSA, "ÚNICA Y SINGULAR"
De la Sierra explicó que la empresa pública estatal Tragsa es "singular y única" en España, ya que funcione como un medio de la Administración. A esta empresa se pueden dirigir para pedirle trabajos las comunidades autónomas que sean accionistas, como lo es Cantabria desde la época en que José Álvarez Gancedo ocupaba la cartera de Ganadería, en los gobiernos PP-PRC.
El portavoz regionalista recordó que Cantabria cuenta con un acuerdo con Tragsa desde 1985, que fue avalado por un decreto de 1999 firmado por el consejero del PP, Vicente de la Hera. En su cláusula 13, detalló, se establece que la comunidad podría realizar anticipos por pagos en función de su disponibilidad.
También refirió que la figura de la incorporación de remanente se eliminó en Cantabria por una orden de los presupuestos cuando el consejero de Economía y Hacienda era el 'popular' Juan José Fernández.
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