Congreso Regional del PP
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Actualizado: sábado, 25 marzo 2017 13:55

   El Congreso aprueba la Ponencia Política y de Reglamento, la Económica y la Social, con solo una enmienda debatida y rechazada en Pleno

    SANTANDER, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El reglamento del PP de Cantabria impidirá que los dos principales cargos del partido, el de presidente y el de secretario general, ostenten los dos a la vez, funciones ejecutivas en el Gobierno, algo que se permitía hasta ahora y cuya modificación ha sido planteada por el actual líder de la formación y candidato a la reelección, Ignacio Diego.

   Esta modificación en el reglamento haría que, por ejemplo, no vuelva a repetirse la situación de la legislatura 2011-2015, en el que Ignacio Diego era a la vez presidente del partida y de la comunidad autónoma, mientras que la número 2, y que ahora le disputa el liderazgo del partido, María José Sáenz de Buruaga, ostentaba la Secretaría General del partido y la Vicepresidencia del Gobierno regional.

   Esta ha sido una de las principales enmiendas aprobadas de la Ponencia Política y de Reglamento del PP que se ha debatido y aprobado este sábado en el XII Congreso regional.

   Dicha enmienda ha sido aprobada en la Comisión de esta Ponencia, por 102 votos favorables frente a 99 en contra. También ha salido adelante la propuesta de crear un Consejo Joven, como planteban compromisarios afines a la candidatura de Sáenz de Buruaga.

   La que no ha sido aprobada, con 129 votos en contra y 106 a favor, es la creación de un Consejo de Notables que quería impulsar Ignacio Diego.

   Con la Ponencia Política aprobada hoy en el Congreso, una vez incluidas las enmiendas que han salido adelante, se modifica el 45% del articulado del reglamento, más de lo que se proponía originalmente en el texto elaborado por María Luisa Peón, Isabel Urrutia, Javier Fernández y María Jesús Susinos, que cambiaba el 35%.

   Antes del Congreso, la Ponencia ya había incluido la creación de la figura del coordinador general.

   En el Congreso de este sábado se ha aprobado también la Ponencia Social (hecha por César Pascual, Antonio Gómez, Higinio Priede y Raúl Fernández) y la Económica (redactada por Eduardo Arasti, Carlos Caramés, Carlos García Diego y Daniel Cosgaya).

   La única enmienda que ha llegado 'viva' y se ha debatido en el Pleno del Congreso regional ha sido del exdiputado nacional Javier Puente que proponía incluir la prohibición del vientre de alquiler al considerar que era una "nueva forma de explotación" tanto para el niño como para la madre.

   Esta enmienda ha sido rechazada, y por tanto no incluida en la Ponencia Social, por 185 votos en contra, 96 a favor y 16 en blanco.

   La ponencia social del PP cántabro propone como, algunas medidas concretas para llevar a cabo si vuelve al Gobierno regional, crear un Instituto Cántabro de Rehabilitación Integral y una tarjeta social para las personas en situación de vulnerabilidad que reciben prestaciones de la Administración.

   Esta tarjeta se ve como una "nueva herramienta de solidaridad y justicia social", tal y como explicó hace unos días Antonio Gómez, y explica que el objetivo de la misma es conocer la situación de cada uno de los beneficiarios de prestaciones sociales en Cantabria.

   Así, a través de esta tarjeta, que sería individual, inteligente y similar a la sanitaria, se podría conocer qué prestaciones recibe y necesita cada una de esas personas para evitar duplicidades, "malas prácticas" y permitir "actuaciones de urgencia".

   También en esta Ponencia, se incluye, tras una enmienda transaccional, el compromiso del PP de que, si regresa al Gobierno regional, Cantabria liderará los estudios sobre los efectos terapéuticos del cannabis.

   Por su parte, la Ponencia Económica que ha sido aprobada, incluye el compromiso del PP de que, si vuelve a gobernar la comunidad, aprobará un Plan de Empleo Regional "en colaboración" con los agentes sociales; bajará impuestos a las empresas y a las personas, minimizará el impacto del de patrimonio y del de sucesiones y donaciones, y cumplirá con los compromisos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

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