La reforma de la Ley de Costas permitirá que en Cantabria continúen 122 concesiones abocadas al cierre

SANTANDER 10 May. (EUROPA PRESS) -

La aprobación definitiva de la reforma de la Ley de Costas permitirá que en Cantabria continúen su actividad 122 concesiones que estaban abocadas al cierre en 2018 según la anterior normativa de 1988.

Se trata de empresas y negocios fundamentalmente vinculados con la hostelería (incluidos los chiringuitos), explotaciones agrícolas, industrias agroalimentarias y también, previo informe ambiental, otras industrias como las siderúrgicas.

En concreto, en Cantabria hay "dos o tres" industrias "importantes", localizadas en el entorno de la Bahía de Santander, que deberán superar el informe medioambiental y que estarían obligadas al cierre en caso de no cumplir con los requisitos.

En este sentido, el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz, ha subrayado que para estas empresas el "obstáculo" no sería la Ley de Costas sino su incumplimiento de las medidas medioambientales.

En cuanto a los chiringuitos de playa, ha indicado que pasa de uno a cuatro años el plazo de autorización para estas instalaciones desmontables, a cuyos concesionarios también se otorga mayor seguridad jurídica.

Ruiz ha valorado este viernes en rueda de prensa la reforma de la Ley aprobada este jueves en el Congreso y que, ha dicho, "mejora la protección del litoral, aumenta la seguridad jurídica y concilia la actividad económica con la sostenibilidad".

El delegado, que ha estado acompañado del jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, ha precisado que la reforma no sustituye sino que "mejora" aspectos de la normativa del 1988 en los que era "necesario el cambio", y soluciona con "racionalidad, sentido común y realismo" los problemas "concretos" que la ley anterior había generado.

Y es que, a diferencia de la del 88, la nueva ley parte de los problemas que se han detectado en la práctica, se adapta a la situación real, aporta soluciones a la degradación del litoral, regula el urbanismo "descontrolado" y se "adelanta al futuro" en la protección del litoral frente al cambio climático, ha resumido Ruiz, que ha desgranado los aspectos más destacables de la normativa.

Entre otros, que prohíbe "rotundamente" la construcción de nuevas edificaciones residenciales; que las concesiones que quieran realizar obras deberán incluir sistemas de eficiencia energética, sobre todo de consumo de agua; o que, para prevenir situaciones "irreversibles", el delgado del Gobierno pueda suspender cautelarmente actos de ubicación ilegal a la espera de la decisión judicial.

La reforma amplía 75 años más las concesiones a 30 años que tenían los expropiados por la ley anterior, lo que evitará "numerosas demoliciones" de viviendas a partir de 2018; recupera el valor de los derechos de algunos propietarios de viviendas mejorando también las condiciones para heredar; y fomenta el desarrollo de actividades en la costa otorgando mayor seguridad jurídica a los inversores porque "no hay razón de oponer el medio ambiente a la actividad económica".

En este sentido, se amplían las concesiones a 75 años, una medida "necesaria" para Ruiz puesto que termina con la "incertidumbre" de las empresas y facilita la obtención de financiación a las mismas. "Es necesaria para evitar un cierre masivo de negocios y la destrucción de empleo en 2018", ha subrayado.

Al respecto ha precisado que no se trata de una prórroga "automática" sino sólo para aquellas actividades que acrediten que no suponen un peligro para el medio ambiente costero.

En Cantabria, desde finales del siglo XIX y hasta mediados del XX se otorgaron muchas concesiones para desecar marisma para usos generalmente agropecuarios pero también para actividades industriales.