SANTANDER, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Rionansa, el 'popular' José Miguel Gómez, pidió hoy al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que "tome las medidas oportunas" para que se ejecute la obra de acceso del pueblo de Celis a la cueva de El Soplao, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) favorable al Ayuntamiento.
En concreto, la Sala de lo Contencioso Administrativo condena al Gobierno de Cantabria a que ejecute y termine las obras de ampliación del camino desde Celis a El Soplao, en cumplimiento del convenio firmado con la sociedad regional CANTUR y en un plazo de 12 meses como máximo.
En la sentencia, difundida por el alcalde, se relata que la Sociedad Regional de Turismo y tres juntas vecinales (Celis, Labarces y Rábago) firmaron un convenio para la adaptación de usos turísticos y la explotación turístico-comercial.
En virtud de este acuerdo, el Gobierno se comprometía a terminar las obras de ampliación del camino, mediante una tramitación similar a las de las carreteras regionales (esto es, con aprobación del proyecto, declaración de interés general, publicación de propietarios afectados y, en su caso, expropiación forzosa).
El alcalde explicó que en el año 2005 se inició la ejecución de estos trabajos para conectar el pueblo de Celis con El Soplao a través del antiguo camino hacia La Florida, con la previsión de que la obra finalizara en 2006. Sin embargo, "en unos meses, las palas desaparecieron", afirmó.
Poco después, los consejeros de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López Marcano; y de Ganadería, Agricultura y Pesca --departamento que ejecutaría las obras al tratarse de un antiguo camino rural--, Jesús Oria, presentaron el proyecto a los vecinos de Celis, "pero las obras no continuaron avanzando".
Tras la inauguración de la cueva del Soplao, "parece que la voluntad del Gobierno de Cantabria se cambia", lamentó Gómez, quien aseguró que a partir de ese momento "se nos cerraron las puertas", y los representantes del Gobierno "no se dignaron a recibirnos, ponerse al teléfono o contactar a través de intermediarios" en una actitud que calificó de "humillante".
Por tanto, la Junta Vecinal presentó, en marzo de 2007, un requerimiento formal al Gobierno para que se cumpliera el convenio, que fue presuntamente desestimado, en una decisión que motivó el recurso que ha dado lugar a esta sentencia.
La Administración rechazó este recurso, alegando que reconocía la existencia de la obligación de "ampliar" el camino. El Gobierno entendía que el compromiso "en sus justos términos" no le obligaba a construir una carretera sino a "arreglar" el camino. Para apoyar su defensa de que no se había negado a cumplir el acuerdo, recordaba que había iniciado los trámites par obtener la estimación de impacto ambiental necesaria.
El fallo se remite al contenido literal del convenio, que dice "terminar en el año 2006 las obras de ampliación del camino de Celis hasta El Soplao, una obligación que considera "general" pero que también recoge un "desglose" de obras, con plazos y forma de realizarlas.
Por tanto, sostiene que "no cabe restringir una obligación de ampliar, reduciendo a a una simple obligación de arreglar", sin que exista "razón alguna" que excluya los accesos, y señala que la pretensión de la Junta es "igual" a la obligación cuya ejecución se reclama.
En cuanto al informe de impacto ambiental, el TSJC relata que se inició en diciembre de 2005, que en febrero de 2007 Medio Ambiente solicitó a Ganadería --promotora del proyecto-- documentación pendiente de entrega, pero que, finalmente, en julio de 2007 se declaró la caducidad del expediente al no haberse presentado la citada documentación.
El alcalde entiende que la sentencia da la razón "al 100%" a la Junta Vecinal de Celis, y recordó la actitud de "total colaboración" desde el Consistorio, que reconoce todo lo ejecutado en relación al proyecto del Soplao pero que pide que se cumpla lo acordado en el convenio firmado con CANTUR.
