Suspenden el juicio contra las dos hermanas por estafar a su tía al comprar unas fincas tras aparecer un nuevo heredero

SANTANDER 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra las dos hermanas acusadas de estafar a su tía al comprar, por un precio sustancialmente inferior al que tenían, unas fincas que eran copropiedad de su madre y su tía, sin que la afectada conociera ni consintiera el precio, se ha suspendido debido a que ha aparecido un heredero nuevo.

El juicio estaba previsto celebrarse este miércoles, a las 10.00 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, y por el momento no se ha fijado una otra fecha, a la espera de que el nuevo interesado se persone en la causa.

Según explicaba el Ministerio Fiscal en su escrito, la tía de las acusadas estaba pasando por una situación económica precaria, así que otorgó un poder a su hermana, madre de ellas, para que se encargara de la venta de las cuatro fincas que compartían.

Así, haciendo uso de ese poder, la mujer vendió a sus hijas las fincas por 22.000 euros, "y todo con la intención de obtener un ilícito beneficio por cuanto todas ellas conocían que ese valor era sustancialmente inferior al que tenían realmente".

Según la tasación de perito judicial, las fincas tendrían un valor en el momento de la venta de 108.200 euros y su valor catastral ya era de 166.600 euros.

El ministerio público sostiene que la perjudicada "nunca fue informada antes de la venta, ni por sus sobrinas ni por su hermana, que aquellas eran las compradoras, y tampoco prestó su conformidad con el precio de la venta, siendo las acusadas conocedoras de tales extremos".

Por eso, la Fiscalía las considera autoras de un delito de estafa, por el que pide una pena para cada una de ellas de dos años de prisión y 3.600 euros de multa, así como el pago de una indemnización conjunta para su tía de 86.188 euros.

Por su parte, la acusación particular elevaba la petición de pena de prisión a tres años y solicita una multa de 1.080 euros. En concepto de indemnización, se suma a la cifra solicitada por la Fiscalía: 86.188 euros.

Mientras que la defensa sostenía que los términos de la venta de las fincas fueron acordados por sus dos propietarias, sin que las dos acusadas tuvieran ninguna intervención, limitándose "al deseo manifestado por su madre de que compraran la participación de su tía por el precio ya indicado de 22.000 euros entre las dos".

Mantiene que, un año después, cuando recibe la liquidación de la plusvalía, la perjudicada se muestra "quejosa por el importe que debía pagar" y "recrimina a su hermana que sus sobrinas no se hagan cargo del pago".

Además, señala que, posteriormente, la hija de la perjudicada, por medio del poder otorgado por su madre, interpuso querella por estafa, alegando haber un abuso de su confianza y estado de necesidad.