SANTANDER, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado de lo Penal número tres de Santander ha condenado a tres meses de prisión a la encargada y un empleado de la depuradora de aguas de Cosgaya, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, que vertieron al río Deva mil litros de agua mezclada con hipoclorito sódico, lo que provocó la muerte de 2.088 truchas y de un número indeterminado de alevines.
La sentencia, que deja en suspenso la ejecución de la pena privativa de libertad durante dos años, a condición de que los procesados no vuelvan a cometer ningún delito en ese plazo, también les condena a indemnizar a la Confederación Hidrográfica del Norte con 1.002 euros, más intereses, que equivale al valor de los peces muertos, y declara responsable civil subsidiaria a la Consejería de Obras Públicas.
Según recoge el fallo, hecho público hoy, los hechos ocurrieron el 6 de agosto del año 2002, cuando los acusados, sin haber recibido orden en tal sentido ni conocer el funcionamiento de la depuradora, y sin adoptar medida de precaución alguna para evitar que el líquido derivara directamente al río, procedieron a realizar una operación de limpieza y vaciado de la depuradora.
Como consecuencia de dicha acción, fueron vertidos al río Deva mil litros de agua mezclada con hipoclorito sódico, superándose los límites de demanda biológica de oxígeno y cloro residual total que establece el decreto regulador de la calidad mínima de las aguas para ser aptas para la vida de los peces, cuya muerte se produjo.
La juez considera estos hechos constitutivos de un delito contra el medio ambiente por el que también impone a los acusados una multa de cuatro meses, a razón de cinco euros de cuota diaria, e inhabilitación especial para dirigir y tomar decisiones en materia de depuradoras de aguas, así como el pago de las costas procesales.
