SANTANDER, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la querella contra el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López Marcano, y contra el presidente de SIEC, Juan de Miguel, por presuntas irregularidades en la gestión de la cueva de El Soplao.
El magistrado instructor de las diligencias, Juan Piqueras, no aprecia "ilegalidad" o "irregularidad alguna" en las adjudicaciones de contratos y el pago de facturas que cuestionaba el querellante, el ingeniero de minas, Ricardo Puente Antuña, así que decide archivar las investigaciones.
Así lo acuerda en un auto, dictado ayer martes, 9 de marzo, en el que además rechaza la petición de la acusación de ampliar la querella y añadir a los presuntos delitos denunciados inicialmente otro más de malversación. El magistrado inadmite la ampliación de la querella y resuelve ya sobre el conjunto de diligencias practicadas, acordando el sobreseimiento.
Las investigaciones en torno a la adjudicación de contratos para la adecuación y explotación posterior de la cueva de El Soplao se iniciaron a raíz de la querella de Puente Antuña, que acusaba al consejero y al presidente de SIEC de supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
En principio las diligencias se centraban en once facturas relativas a las obras de construcción y adecuación, así como a la concesión de la gestión, y después se acordó extender las investigaciones a nueve facturas más sobre los contratos de seguridad y de información y reserva de entradas. En ninguno de los casos el magistrado instructor aprecia ilegalidades.
OBRAS Y EXPLOTACIÓN
Por ejemplo, en el caso de la adjudicación de la explotación del complejo turístico, el magistrado instructor asegura que se adjudicó a SIEC porque "mejoraba considerablemente las obras propuestas", ya que proponía realizar más inversiones de las exigidas en el concurso público y aumentaba también el canon que abonaría a la administración.
En cuanto a las obras encargadas a la constructora como contratos menores, cuyo 'fraccionamiento' cuestionaba la acusación, el auto remite a las declaraciones del arquitecto jefe de la Consejería, quien explicó que tenían por objeto "intervenciones puntuales y separadas" entre sí, e "independientes" también del contrato principal de adecuación del complejo turístico.
Según señala el instructor, el objetivo de esos contratos era "subsanar deficiencias o cubrir necesidades locales". De hecho, en las actas de El Soplao se constatan "numerosas peticiones" de los representantes de las juntas vecinales. Además, todos esos contratos fueron proyectados, dirigidos y certificados por el arquitecto jefe.
NO HUBO INFLUENCIAS
El auto subraya que ni el gerente de la sociedad mercantil El Soplao S.L., ni el arquitecto jefe de obras de la Consejería recibieron "indicación alguna" de López Marcano sobre la adjudicación o gestión concreta de los contratos y señala que tampoco hay "prueba alguna" de que la Sociedad Regional de Turismo o El Soplao "hayan sufrido perjuicio alguno".
Del mismo modo, el magistrado recalca que tampoco hay pruebas de que el presidente de SIEC intentara influir en el consejero para conseguir la adjudicación de los contratos y no se ha probado la existencia de una relación de amistad entre ambos.
OTROS CONTRATOS
El auto tampoco ve "ilegalidad" en el hecho de que El Soplao asumiera algunas obras cuando ya estaba encomendada la gestión a SIEC, por ejemplo, las de una nueva conexión eléctrica que ampliara la potencia.
El magistrado señala que la conexión inicial era "insuficiente" y recuerda que el contrato de explotación evidencia que la empresa recibía el complejo en estado de utilización, con lo cual, "correspondía" a la sociedad El Soplao "garantizar la conexión eléctrica" con la potencia adecuada.
Y en cualquier caso, resalta además que las gestiones realizadas permitieron dotar de esa nueva conexión en condiciones "muy favorables", puesto que Viesgo asumió parte de los costes y también SIEC pagó parte, a pesar de "no estar obligada a ello".
En cuanto a los contratos de vigilancia y gestión de reserva y venta de entradas que pagó El Soplao cuando ya se había adjudicado la gestión a SIEC, el instructor tampoco aprecia ilegalidad alguna porque, según explica, se integran en un "contexto transitorio entre la gestión directa de las instalación y la cesión de su explotación".
