El TSJC encarga a Tragsa la demolición de 12 viviendas en Argoños al expirar el plazo dado al Ayuntamiento

SANTANDER, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha encomendado directamente a la empresa pública Tragsa la demolición de doce viviendas en Argoños, al haberse agotado ya el plazo que se dio al Ayuntamiento para hacerse cargo de los derribos.

Al mismo tiempo, en un auto fechado el pasado 15 de febrero, la Sala requiere al Consistorio para que le informe sobre sus bienes patrimoniales para proceder al embargo y hacer así frente al coste de los trabajos.

En el auto, hecho público por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), la Sala recuerda que las viviendas, ubicadas en el Camino del Portillo, en Argoños, tienen sentencia firme de derribo desde el año 2001. Hace ahora casi un año, el 3 de marzo de 2009, el TSJC instó al Ayuntamiento a ejecutar la sentencia y le dio seis meses para hacer efectiva la demolición.

El Consistorio ha alegado "falta de recursos" para llevar a efecto el derribo, y ahora, agotado el plazo dado para ello, ante el "incumplimiento" municipal, la Sala decide ejecutar la sentencia de forma subsidiaria e imputar los costes al Consistorio.

En este sentido, el auto remite a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que prevé esa ejecución subsidiaria de sentencias, y requiere a la empresa Tragsa para que se haga cargo de los trabajos.

Los costes, no obstante, deberá asumirlos el Ayuntamiento y, por eso, la Sala le da diez días --desde la notificación del auto-- para que informe sobre sus bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público, para proceder al correspondiente embargo.

EL PLAN DEL GOBIERNO

El auto, contra el que se puede interponer todavía recurso de súplica, cuestiona además el Plan de actuación contra los derribos diseñado por el Gobierno cántabro.

Así, advierte de la "confusión" que se aprecia "sobre el valor jurídico" de dicho documento y, en cualquier caso, recalca que no aporta "ninguna solución concreta" frente a la sentencia de demolición de estas viviendas.

"NUEVO MAZAZO" A LOS AFECTADOS

Para la asociación de afectados por los derribos, esta decisión del TSJC "supone un nuevo mazazo para la esperanza de unos ciudadanos que solamente están pidiendo a los distintos poderes públicos que les representan, medidas que propicien una solución no traumática" para las familias que se han convertido en "víctimas inocentes de las irregularidades administrativas".

Según AMA, el auto representa "un hecho sin precedentes", al encargar directamente desde la Sala a Tragsa la ejecución de la sentencia de derribo y, además, es "demoledor" con el Plan de Actuación del Gobierno.

Por ello, requirió al Gobierno de Cantabria que "agilice lo máximo posible la presentación de sus proyectos o propuestas, ya que el tiempo es un elemento que corre en contra de los que están soportando esta situación".

AMA volvió a realizar un llamamiento a las instituciones para, entre todos, conseguir que "cese de esta situación de injusticia, tal como han solicitado el Parlamento Europeo, el Defensor del Pueblo y el Parlamento de Cantabria".

"Demos una oportunidad a los proyectos que pueden subsanar los errores cometidos por las administraciones. No consumemos situaciones irreparables que pueden tener una solución dentro del marco de la legalidad vigente", agregó la asociación.

Para ello, abogó por conseguir que Cantabria tenga normas que permitan aplicar medidas preventivas y cautelares, que den seguridad jurídica, "para que comprar un vivienda, no suponga el que te arruinen la vida".

"Pedimos simplemente justicia, y que se nos apliquen los mismos derechos que a los ciudadanos de otras comunidades como Galicia, Canarias, Andalucía, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Madrid... donde se ha dado soluciones a situaciones similares a la nuestra", argumentan.

SE VOLVERÁ A CONSTRUIR

Además, la asociación aseguró que la urbanización que se quiere demoler "está construida en suelo urbano, donde, sin ninguna duda, se volverá a construir". Por ello, se preguntó "qué bien jurídico se está protegiendo".

En este sentido, lamentó las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que, a su juicio, no tiene en cuenta a las familias, "que son los terceros de buen fe, y que en este trámite de ejecución, no tienen porqué soportar actuaciones y daños que no les corresponden".

Por último, reiteró el llamamiento a la participación en el 'Tren de los Inocentes', la protesta convocada por la asociación para este sábado.