UIMP.- El fiscal de Medio Ambiente reconoce que los jueces y fiscales "no están familiarizados" con las demoliciones

SANTANDER, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fiscal jefe de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo (TS), Antonio Vercher, señaló hoy en Santander que, pese a que las demoliciones de construcciones ilegales están recogidas en el Código Penal, "el problema" es que "los jueces y los fiscales no estamos familiarizados" con esta opción, de forma que "cuando se plantea en determinados contextos salimos por donde podemos".

Vercher, quien hoy intervino en el seminario sobre 'Impactos colaterales del urbanismo descontrolado' de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), destacó que aunque el ordenamiento jurídico prevé las demoliciones como una forma de resarcir los daños causados en la línea de "la responsabilidad civil" o "las indemnizaciones", en España "tradicionalmente no se ha demolido", y "no existe una perspectiva" en este sentido.

Destacó que las demoliciones no se establecen "desde una visión represiva" sino de "reestablecimiento de la legalidad", si bien subrayó que "da más fuerza una demolición en la vía penal que en la administrativa". El fiscal jefe de Medio Ambiente y Urbanismo reconoció que el tema de las demoliciones "está costando" hasta el punto que "hay sentencias de muchos tipos" e, incluso, "algunas que plantean problemas".

COMPETENCIAS DE URBANISMO

Vercher también se refirió al hecho de que las competencias en Urbanismo correspondan principalmente a las Comunidades Autónomas y municipios, y resaltó que en este ámbito "no se acaba de ver" que este tema "tiene una base penal" y, además, "se regula olvidando que puede haber un delito".

Aunque aseguró "no dudar" de "la buena fe" hasta que "se demuestre lo contrario", citó algunos casos, en autonomías cuyo nombre no desveló y en donde se apostaba por "legalizar" construcciones ilegales realizadas en espacios en los que inicialmente no se podía edificar, o donde se decía que "si una demolición era lo aplicable en un caso no se demolía y punto".

El fiscal jefe de Medio Ambiente achacó estas posturas a la "extraordinaria complejidad" que implica el urbanismo y la ordenación del territorio, que tienen "muchos matices" y, además, son competencias que se han "pasado" a "organismos que tradicionalmente no las tenían".

INSTRUMENTOS LEGALES

Vercher destacó la importancia de la "coordinación" y la "colaboración" entre la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y el resto de fiscalías y los cuerpos policiales y de la Guardia Civil. Señaló que la "cooperación" con expertos "es absolutamente esencial" en su labor y, en este sentido, adelantó la incorporación a la sede de la Fiscalía que dirige de dos representantes de la Guardia Civil y de la Policía, un arquitecto urbanista, un biólogo y un agente ambiental.

Comentó al respecto que en ocasiones, las diligencias abiertas por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo puede obligar a recurrir a especialistas de Comunidades Autónomas o ayuntamientos relacionados con los casos investigados, lo que "te lleva a estar atado de pies y manos".

Por otro lado, indicó que está previsto que para finales de este año los notarios y registradores "abran totalmente" sus bases de datos a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Según señaló, este órgano abrió 4.000 diligencias de investigación, de las que 2.500 fueron estrictamente sobre medio ambiente, y 1.500 sobre urbanismo y ordenación del territorio.