Critica que el PP no lo hiciera y afirma que "los partidos políticos parecen familias de un mismo clan"
SANTANDER, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Unión, nueva formación política, ha presentado una denuncia ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) por la que pide que se investiguen las circunstancias que rodearon la declaración por parte del Gobierno de Cantabria del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) de El Bojar, para la construcción de viviendas protegidas en suelo calificado como rústico, y la compra de terrenos por parte de la promotora inmobiliaria Orbovisa, por considerar que existen "indicios" de delitos de información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación.
En la denuncia, que fue presentada hoy en el juzgado y en rueda de prensa ante los medios de comunicación por el presidente de La Unión, Rafael Sebrango, se hace mención expresa del presidente del Ejecutivo cántabro, Miguel Ángel Revilla, y el administrador de Orbovisa, Miguel Ángel Iglesias, a los cuales une "una intensa amistad".
Sebrango consideró que los hechos revisten "la suficiente importancia y han causado una alarma en la opinión pública como para que sean investigados" y afirmó que, desde su punto de vista, existen "indicios" de que se hayan cometido los delitos de información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación, especialmente porque, la compra de esos terrenos cuando estos eran rústicos costó 5.400.000 euros, una cifra "de gran envergadura para Orbovisa, pues supone prácticamente diez veces su capital social", según indica la denuncia.
Además asegura que existe una "frontal contradicción" entre la comparecencia de consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, en abril de 2006 en el Parlamento de Cantabria, en la que "revela una película de los hechos absolutamente contradictoria" con la de Miguel Ángel Iglesias "en su declaración como testigo ante el TSJC" con motivo de la querella presentada por Revilla contra el presidente del PP, Ignacio Diego, por injurias y calumnias.
Una vez que se ha admitido a trámite esta denuncia, La Unión estudiará su personación como acusación ejercitando la acción popular. "Si en ello resultara que no hay materia punible estaremos encantados" porque "eso significará" que "nadie ha defraudado a los ciudadanos de Cantabria", advirtió.
'FAMILIAS DE UN MISMO CLAN'
En rueda de prensa, Sebrango manifestó que es "insólito" que "en todo este circo" "nadie haya acudido donde hay que acudir, a los tribunales de justicia, para que señalen si existen o no existen responsabilidades penales de este asunto".
Así, consideró que es "especialmente grave la actitud pasiva del líder del PP", Ignacio Diego. "Más bien lo que parece es que en Cantabria asistimos a una situación realmente insufrible en la cual los partidos políticos parecen familias de un mismo clan".
"Es la única explicación posible", dijo Sebrango, que apuntó que el razonamiento para no actuar en este u otros casos podría ser el de no denunciar "para no ser denunciado". "Esto se ha acabado con la llegada de La Unión", porque "los políticos no son una casta social", "ni merecen una protección especial", afirmó.
Por ello, el partido funcionará a partir de ahora como una 'oficina anticorrupción' que denunciará los casos en los que vea indicios de delito. Al respecto, Sebrango hizo un llamamiento a los ciudadanos, y "en especial a los funcionarios de Cantabria", para que "sepan que La Unión les va a amparar" a la hora de denunciar casos, manteniendo la "confidencialidad". "Nosotros daremos la cara", indicó.
En este sentido, el presidente de La Unión precisó que el trabajo del Partido en este campo no se centrará especialmente en un partido en concreto, sino que se presentarán denuncias "en las cuales se vean implicados personajes de grupos de todo el arco parlamentario" porque "la corrupción en Cantabria no es algo de una sola sigla".
