Se muestra "absolutamente contrario" a "medidas traumáticas o generadoras de perdidas temporales de empleo" para la plantilla
SANTANDER, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
La sección sindical de USO en Solvay ha advertido que corresponde al "ámbito jurídico y adminitrativo", y no al Parlamento de Cantabria ni al sindicato, decidir, básandose en la legislación europea, sobre la legalidad de la prórroga de dos años que el Gobierno de Cantabria plantea conceder a la compañía para seguir produciendo cloro a través de la tecnología de mercurio.
Así se ha pronunciado el sindicato, en un comunicado, un día después de que el Parlamento de Cantabria rechazara una proposición no de ley de Podemos para instar al Gobierno a que diera "marcha atrás" en su decisión de otorgar a Solvay la propuesta de prórroga de dos años para continuar produciendo cloro mediante la tecnología de celdas de mercurio.
A excepción de Podemos, promotor de la iniciativa, todos los demás partidos con representación en la Cámara regional (PP, PRC, PSOE y Ciudadanos) votaron en contra de la proposición no de ley.
El sindicato también ha aclarado que "no cuestiona la legalidad o no" de dicha prórroga, pero sí la "actuación negligente" que, en su opinión, ha tenido Solvay por la "imprevisión" con la que ha afrontado la implantación de la normativa europea con respecto a la utilización de mercurio y por ello entiende que "los trabajadores no pueden ser los paganos" de esta actitud.
Por tanto, USO hace a Solvay "responsable de las consecuencias que puedan derivarse de la misma", como, por ejemplo, la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) con la que, según afirma el sindicato, ha "amenazado" la Dirección de la empresa en caso de no obtener la prórroga.
El sindicato se ha mostrado "absolutamente contrario" a cualquier actuación que implique la aplicación de "medidas traumáticas o generadoras de perdidas temporales de empleo".
En su comunicado, USO ha advertido de que "a tenor de los documentos que ha tenido acceso este sindicato, con origen en la propia Comisión Europea así como el propio Ministerio de Medio Ambiente, la legalidad de la continuidad de la planta más allá de diciembre de 2017 está más que comprometida".
