SANTANDER, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
El exconsejero delegado de Sodercan y exmiembro del Consejo de Administración de GFB, José Villaescusa, considera que la aportación de 20 millones de euros que realizó la sociedad pública a la fábrica de Orejo fue "excesiva dentro de las posibilidades de Sodercan".
Sin embargo, ha subrayado que no tiene conocimiento de que en la "operación" de GFB se haya producido algún hecho "deshonesto", asegurando que si esto fuera así y "hubiera estado en mi mano", "o no lo hubiera permitido, o lo hubiera puesto de manifiesto, o me hubiera ido para no tener que estar ni siquiera a diez metros de cualquier actuación de este tipo".
Por otra parte, Villaescusa ha reconocido, en contra de lo manifestado por el expresidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, y el exconsejero de Economía, Ángel Agudo, que el proceso de GFB estaba "roto" en 2007, cuando Sodercan "no estaba dispuesto" a seguir con el proyecto por una gestión "no apropiada" y por falta de capital, si bien Euroamérica quiso comprar sus acciones pero no pudo por la exigencia de avales bancarios.
El exconsejero de Sodercan se ha pronunciado así en su comparecencia en la Comisión parlamentaria de Investigación sobre GFB, en la que ha aclarado que dimitió como consejero de la factoría el mismo día que tomó posesión del cargo y ha respondido durante dos horas a las preguntas que le ha formulado la diputada 'popular' María José Cortabitarte, ya que los grupos Socialista y Regionalista no han utilizado este turno.
Ha explicado que su papel en la constitución de GFB fue posterior a la firma del protocolo en Costa Rica, cuando la sociedad pública analizó "lo firmado" y entendió que su aportación era "desmesurada" para esta entidad, que contaba con un presupuesto de 27 millones, --por lo que la inversión requirió autorización del Consejo de Gobierno-- y que iba a suponer la "paralización de cualquier otro programa de Sodercan en beneficio de las empresas cántabras".
Además se consideró "más razonable para los intereses de Cantabria" que se negociara "algo distinto" de lo recogido en el protocolo ya que "abordar el proyecto empresarial con el 100% de recursos propios no era necesario", y era "mercantilmente aceptable" una aportación del 50 por ciento. Entonces se autorizó a negociar con Euroamérica que la mitad del capital social (67 millones en total) fuera con aportaciones dinerarias, para lo que previamente se compró la maquinaria a la propia Euroamérica.
Villaescusa ha cifrado la aportación total de Sodercan en GFB entorno a los 30 millones de euros (el 30 por ciento frente al 70% de Euroamérica) y ha indicado que de los 44 millones de Euroamérica, sólo aportó 23,6, mientras que los restantes fueron a La Caixa para garantizar préstamos. En su opinión, la inversión es recuperable a día de hoy pero situación del sector de la construcción hace "difícil" que haya ofertas "jugosas" de venta.
Cortabirtarte también ha preguntado si conocía informes técnicos y jurídicos de Sodercan a favor de la aprobación del protocolo, pero el compareciente ha manifestado que recuerda "muy poco". Sí sabe que hubo un plan de viabilidad por parte de los socios que Sodercan pidió "rehacer" con asesoramiento de un consultor por su "obsolescencia", porque parecía "incompleto, preliminar", y porque el plan de marketing decía que el Gobierno debía poner un 30% de la inversión a fondo perdido, lo que viola la normativa europea. Al respecto ha precisado, a preguntas del PSOE, que la empresa aducía una oferta del Gobierno anterior (PP) en la que ofrecía una inversión del 30% a fondo perdido.
La diputada también le ha preguntado si cuando Revilla firmó el protocolo con Pujol Martí y Suyesa había algún informe sobre esta última sociedad, algo que Villaescusa no recuerda aunque sí que los primeros contactos para la instalación de la fábrica fueron con Suyesa. Tampoco ha podido aclarar si alguien de Sodercan sabía que ésta estaba en quiebra técnica.
En este sentido, ha señalado que el protocolo, donde se recogían las aportaciones y los plazos (60 días para desembolsar el dinero y de 60 a 90 días para poner a disposición el terreno), no tenía un nivel de detalle sino que era "una declaración firme de intenciones".
MAQUINARIA
En cuanto a la maquinaria, que se compró al socio mayoritario por decisión de los accionistas y el Gobierno regional, según Villaescusa, éste ha indicado que no disponía de informes ni facturas cuando en el protocolo se cifró su valor en 44 millones pero Sodercan, "a posteriori", sí pidió las facturas y envió un técnico a Bremen, donde estaba almacenada la mayoría, para "estudiarla". Igualmente se solicitó una valoración actualizada, que se fijó en los 44 millones. "Si había informes previos al protocolo, lo desconozco", ha dicho, señalando que cuando él se incorporó al proceso éste estaba "prácticamente definido".
En lo que ha incidido es en que el valor de la maquinaria "fue siempre provisional en tanto no se hiciera una tasación", que se llevó a cabo en Cantabria para abaratar costes. Una peritación posterior, en 2008, coincidió con el valor asignado. Y en cuanto a las garantías, ha señalado que una de ellas, de tres años, estaba "recién caducada", pero había otra de un año a partir de la puesta en funcionamiento.
Pero la cuestión que ha centrado la polémica ha sido por qué los 44 millones se pagaron en euros y no en dólares, lo que según Cortabitarte hubiera supuesto un ahorro de 14 millones de dólares para las arcas públicas. "Lo razonable es que todo se hiciera en euros", ha reiterado Villaescusa, para quien comprar con dólares "no tenía sentido"; un argumento "inconsistente" para la 'popular'.
Además, ha afirmado que se pagaron los 44 millones de euros. "Claro, seguro", ha dicho, a lo que Cortabitarte ha recordado que Agudo afirmó lo contrario en su comparecencia. Igualmente, Villaescusa cree que el transporte y el almacenaje estaban en la previsión de costes, y ha indicado que la adaptación de la maquinaria a las exigencias europeas costó seis millones de euros, aunque el socio hizo "más tarde" una aportación similar en dos pagos.
Por otra parte, el exconsejero de Sodercan ha informado que los "desencuentros" entre los socios de GFB comenzaron a ser "frecuentes" en "determinado momento" porque Sodercan no creía que en Euroamérica fueran "todo lo rigurosos" que deberían en cuestiones como previsiones, contención del gasto, etcétera, además de que sus peticiones de información les parecían "injerencias".
Según Villaexcusa, la empresa les veía sólo como socios económicos y no de gestión, y fueron esos desacuerdos en el Consejo de Administración lo que le llevaron a dimitir. "La gestión no era la apropiada, no era rigurosa", ha asegurado, así como que el proyecto "estaba roto" en 2007 porque "parecía que les molestaran" las peticiones de información de Sodercan. "Yo estaba en desacuerdo y no parecía que aquel matrimonio debiera seguir junto", ha ilustrado.
CONCLUSIONES
En el turno de conclusiones, el portavoz socialista, Juan Guimerans, ha insistido en la comisión no aporta nada al esclarecimiento de lo sucedido en GFB y ha vuelto a pedir a Cortabitarte que traslade las conclusiones "y así acabamos con este número de una vez". En su opinión, el tiempo de los convocados se merece "más respeto".
Por su parte, el portavoz regionalista, Rafael Pérez Tezanos, ha acusado al PP de tratar de demostrar que el proyecto "no era viable", cuando fue el Gobierno del PP el que anunció "a bombo y platillo" su instalación en Reinosa. Además, ha asegurado que "nadie se ha llevado un duro" y que, aunque el proyecto puede tener "un punto de fracaso", se ha hecho "con buena voluntad", a lo que Cortabitarte ha replicado que "nadie se ha llevado un duro pero Euroamérica, en la primera operación, se llevó 14 millones de dólares".