Adjudicatarios de Vega Baja de Toledo piden iniciativas legislativas urgentes que den soporte jurídico a los inversores

TOLEDO, 28 Jul. (EUROPA PRESS)

La asociación de adjudicatarios de la Vega Baja de Toledo solicitó hoy al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, la ejecución de iniciativas legislativas "con urgencia" que ofrezcan un "soporte jurídico" a las decisiones adoptadas para crear un yacimiento arqueológico en la explanada toledana y a los derechos de los propietarios y cooperativistas de las futuras viviendas.

Así lo afirmó hoy, en rueda de prensa, el presidente de la asociación de adjudicatarios, Antonio Sánchez Hornedo, quien agregó que solicitarán la rescisión del contrato de adjudicación y el resarcimiento económico "hasta el último céntimo" a la Empresa Municipal de Vega Baja (EMVB), extendiéndose al Ayuntamiento de Toledo --como socio mayoritario-- y al resto de accionistas.

De este modo, la asociación de adjudicatarios denunciará el contrato de adjudicación de los terrenos por "incumplimiento del plazo de entrega" por parte de la EMVB, reprobará su gestión, y acudirá al procedimiento arbitral previsto en el contrato suscrito, aunque no descartará acudir a otras instancias en desacuerdo con un futuro laudo, señaló Sánchez Hornedo.

El presidente de la asociación dejó claro que la operación urbanística en la Vega Baja es "antiespeculativa" puesto que fue una actuación en suelo público, promovida por una administración pública para hacer viviendas públicas y lamentó el "ataque mediático" que la ha vinculado con lo ocurrido en Marbella (Málaga) o Seseña (Toledo).

DECISIÓN PRECIPITADA.

Para Sánchez Hornedo, la decisión del presidente de Castilla-La Mancha de crear un yacimiento arqueológico en esos terrenos es "precipitada e incalculada" y "un hito sorprendente en el territorio nacional", fruto de la publicación de informaciones del grupo PRISA que difundió "información sesgada y torticera", apuntó.

Asimismo, sostuvo que "nadie tiene informes concluyentes" de los restos arqueológicos encontrados en Vega Baja y afirmó que "algunas parcelas no tienen nada" según le han trasladado arqueólogos que trabajaron en la zona. Además, sostuvo que los adjudicatarios no harán ninguna excavación más en las parcelas.

De este modo, Sánchez Hornedo manifestó que estarán "vigilantes" respecto a la "proporción del daño" creado y los objetivos del anuncio del presidente regional, puesto que sino "seremos el hazmerreír de todo el país".

Explicó que ahora entienden lo "oscuro e incorrecto" del contrato de adhesión suscrito con la EMVB, puesto que se vendió "un suelo con cuerpo cierto", cuando "el solar no existe" y afirmó que "no sabíamos nada, ni hicieron nada por enseñarnos" en el momento de la firma, agregando que no se permitió incluir una cláusula para la devolución económica tras la actuación de 247 catas arqueológicas.

En este orden de cosas, el presidente de la asociación de adjudicatarios lamentó que esta actuación perjudique el desarrollo urbano de Toledo ante la aprobación del nuevo Plan de Ordenación Municipal, dado que la Vega Baja es un punto de interconexión de varios barrios y accesos y salidas de la capital de Castilla-La Mancha.

RECUERSOS ECONÓMICOS.

Asimismo, sostuvo que Toledo debe dotarse de recursos económicos y financieros con el establecimiento de población en la ciudad, puesto que la capital regional recibe una carga de 150.000 habitantes que acuden a servicios sociales, sanitarios y administrativos con unos ingresos de 65.000, por lo que calificó las declaraciones de la presidenta de ICOMOS en España, María Rosa Suárez-Inclán, como "bolivarianas".

Por su parte, el presidente de la Federación Empresarial Toledana y adjudicatario de una parcela en la Vega Baja, Ángel Nicolás, manifestó que establecerán unos servicios de vigilancia para "impedir el paso a las parcelas de nuestra propiedad" y solicitarán a la Real Fundación de Toledo que pase a llamarse 'Real Fundación Madrid en Toledo', y "busque fondos europeos para hacer realidad ese parque arqueológico".

"No entendemos cómo se puede privar de una vivienda de cuatro dormitorios y garaje a 26 millones de pesetas a 5.000 personas", dijo Nicolás, quien solicitó una explicación por parte de la Junta.