Casero (PP) estará vigilante porque ve carencias en las ayudas para instalación de cinturones de seguridad en autobuses

Actualizado: martes, 8 abril 2008 16:53

TOLEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carmen Casero, consideró hoy que "hubiese sido bueno debatir antes en un Pleno" la medida por la que la Junta de Comunidades destinará 800.000 euros a la instalación de cinturones de seguridad en los autobuses escolares, "pero sobre todo, que no haya contado con el sector de transportes, por lo que estaremos vigilantes".

Así se expresó Casero en rueda de prensa, a la vez que recordó a los consejeros de Educación y Ciencia, José Valverde, y de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez-Pingarrón, que ayer presentaron la medida, que "la idea de instalar cinturones de seguridad en los autobuses escolares fue una Proposición No de Ley (PNL) que presentó el PP el pasado 28 de febrero".

Asimismo, mostró su preocupación por las carencias existentes en el actual trasporte escolar, "debido a la lejanía de los centros escolares para muchos alumnos, y en muchas ocasiones, por las malas carreteras", por lo que apuntó a la necesidad de "velar por su seguridad".

Por ello, indicó Casero, en la parte resolutiva de la PNL "fuimos muy exigentes en la instalación de cinturón en absolutamente todo el transporte escolar, pero en la medida publicada por la Junta lo muestran como opcional".

Esto, dijo, "no resuelve nada" ya que señaló que no se ha contado con el sector del transporte, actualmente en crisis, para la elaboración de planes y líneas de financiación. "Deberían de haberlo llevado a debate para que todos hubiésemos podido proponer medidas mejores", expresó.

Respecto a la cantidad destinada para llevar a cabo esta medida, 800.000 euros en total, la viceportavoz parlamentaria consideró que "no es una cantidad adecuada", ya que según calculó, "si se destinan 1.500 euros a cada autobús, y tenemos en cuenta que hay unos 60 asientos, vemos que es insuficiente".

También criticó el plazo impuesto para la presentación de solicitudes, hasta el 28 de abril, y consideró que "no es tiempo suficiente, por lo que estaremos vigilantes".

En definitivamente, lamentó y consideró un error que esta orden "se haya hecho a espaldas del sector", porque demuestra, dijo "que la Junta va a remolque de la sociedad y han ido a cumplir la orden sin tener nada más en cuenta".